Hoy se presentará en el Congreso de la Nación el Informe Final de la Comisión Bicameral de Seguridad Vial. La “recomendación”, unánime –a la que tuvo acceso Página/12–, incluye criterios que, en los últimos meses, se han consolidado como claves para una política de Estado en esta área: 1) hacer funcionar un registro nacional de antecedentes de tránsito; 2) avanzar en la creación de una licencia única de conducir para todo el país; 3) crear una autoridad nacional en seguridad vial; 4) instituir un sistema de puntaje para las infracciones de tránsito (en el estilo del que planteó la Legislatura porteña). Al mismo tiempo, el cotejo de este documento con el Convenio Federal de Seguridad Vial –que se firmó en agosto y todavía no fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo– permite empezar a explicitar, quizá por primera vez, la sorda disputa donde la defensa de prerrogativas municipales y provinciales viene a trabar o hacer difícil unificar criterios elementales de seguridad vial. Al respecto, uno de los padres de chicos del colegio Ecos –nueve de ellos murieron en un choque el año pasado– contó cómo un desastre parecido estuvo a punto de producirse en estos días.

El documento de la Bicameral no alcanza a sostener un sistema nacional de licencias únicas de conducir, con números correlativos como los del DNI, pero sí plantea que “las municipalidades u organismos provinciales encargados de la emisión de licencias deberán ser homologados y certificados por la autoridad nacional única”. Según explicó a este diario Juliana Marino, presidenta de la Comisión Bicameral, esto significa que “si un municipio otorga licencias no homologadas por la autoridad nacional, el conductor podrá manejar en ese municipio pero no en rutas nacionales ni en otras jurisdicciones”.

Según explicó una fuente vinculada con la Comisión Bicameral, “sobre todo los senadores defienden las autonomías locales, y afirman que los municipios y las provincias no están dispuestos a delegar en una autoridad central el otorgamiento de las licencias de conducir. No es fácil llevar adelante políticas de conjunto porque el tránsito es un tema no delegado por las provincias: toda ley de tránsito requiere la adhesión de cada una”.

La Bicameral también propone “una autoridad única nacional”, aunque sólo en términos de “un organismo nacional de coordinación y aplicación de las políticas de seguridad vial, dotado de personal y presupuesto propio”.

En cuanto al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) –ya previsto en la actual Ley 24.449, de Tránsito, pero que nunca llegó a funcionar adecuadamente a nivel nacional–, la Bicameral propone “incluir anualmente en el presupuesto nacional una partida específica para el eficaz funcionamiento del Renat”.

En relación con el Renat, el Convenio Federal sobre Seguridad Vial –firmado en agosto pasado por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y los gobernadores de todas las provincias menos Neuquén, San Luis y Salta– requería la “implementación definitiva” de la “Red Informática de Antecedentes de Tránsito”, de modo que nadie que esté inhabilitado en una jurisdicción pueda conseguir nueva licencia en otra.

El Informe de la Bicameral también solicita que las resoluciones del actual Consejo Federal de Seguridad Vial sean “de cumplimiento obligatorio” y que cada provincia envíe a ese organismo “sus funcionarios de más alto rango en la materia con nivel no inferior a subsecretario”.

La Comisión precisa que “la emisión de la licencia única de conducir y sus renovaciones se realizarán asignando a cada uno de sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos, a través de un sistema de puntaje cuyas condiciones y características se determinen en la reglamentación”.

El senador Alfredo Martínez, integrante de la Bicameral, firmó en disidencia parcial, por estimar que “la Federación Argentina de Municipios debió haber sido incluida en el Consejo Federal de Seguridad Vial”. En diálogo con Página/12, el legislador afirmó que “la colaboración de los municipios es esencial porque las rutas nacionales pasan por muchos ejidos municipales” y sostuvo: “¿Cómo aplicar la prohibición de expender bebidas alcohólicas cuando la ruta atraviesa un pequeño municipio donde hay un solo despacho de bebidas? No se puede lograr que en ese pueblo sean todos abstemios”.

Para Martínez, podría admitirse que “no todos los municipios tengan el mismo criterio para otorgar la licencia profesional”; y, en las rutas, “la autoridad de aplicación de la ley deben ser las policías provinciales”. No obstante, Martínez acordó en “la importancia de una ley nacional”, por ejemplo, “para establecer la obligatoriedad del control de alcoholemia”. El legislador también acordó con el sistema de puntaje: “España, al aplicarlo, logró una reducción importante en los accidentes de tránsito”.

Entretanto, el gobierno nacional todavía no envió al Congreso, como proyecto de ley, el Convenio Federal firmado en agosto. Andrés Kalwill, miembro del grupo de padres de chicos del colegio Ecos –nueve de éstos murieron en un accidente en Santa Fe, el año pasado–, que impulsó el convenio, destacó que “la semana pasada Aníbal Fernández, ministro del Interior, volvió a prometernos que lo van a enviar”.