Ana María Acevedo tenía 20 años, había nacido en la ciudad de Vera, a 230 kilómetros de Santa Fe capital. Padecía un cáncer de mandíbula que, para ser tratado, debía ser interrumpido el embarazo que cursaba. Los médicos que la atendieron se negaron a practicarle el aborto terapéutico y Ana murió el 17 de mayo pasado, en el hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe. Sus familiares iniciarán ahora un recurso administrativo en el Ministerio de Salud de esa provincia y luego le entablarán una demanda civil al Estado.

En mayo de 2006, Ana Acevedo, una joven santafesina de 20 años, concurrió al hospital Samco, en Vera, su ciudad natal, porque sufría un dolor de muelas crónico. Le extrajeron algunas, pero el dolor seguía. Decidió ir al hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe, donde le detectaron y quitaron un sarcoma de maxilar. Desde allí, fue derivada al Servicio de Oncología del Iturraspe, donde comenzó su tratamiento.

El 14 de diciembre de 2006, un test de embarazo le confirmó que esperaba un hijo. Debido a su estado, el médico oncológico David Yossen le canceló la quimioterapia. Por esos días, un estudio ginecológico daba como resultado “saco gestacional sin embrión”. Según la familia, ningún médico le informó a Ana que podía realizarse un aborto terapéutico legal.

Continuó internada, sin tratamiento, hasta fin de año, cuando se proclamó en alta voluntaria y abandonó el hospital. Pero en febrero debió volver. Con su salud que empeoraba, su familia pidió que interrumpieran el embarazo, pero el entonces director del hospital, Andrés Ellena, se negó. El Comité de Bioética del Iturraspe ratificó la decisión y Ana siguió sin tratamiento hasta fines de abril, cuando se indujo su parto. La beba falleció con horas de nacida. Y Ana poco después, el 17 de mayo.

Los Acevedo decidieron entonces comenzar una demanda penal por homicidio culposo contra el hospital –ningún profesional está imputado–, una demanda civil contra el Estado provincial por “no atender a Ana como correspondía, no esclarecer lo ocurrido y tampoco reglamentar los abortos no punibles para impedir que otra mujer vuelva a pasar por la misma situación”, y una acción administrativa contra el Ministerio de Salud santafesino.