Empezaron a marchar por justicia al día siguiente de haber enterrado a sus hijos, hermanos y esposos. Ya pasó un mes y los familiares de los 35 muertos del incendio de la cárcel de Santiago del Estero tuvieron que viajar a Buenos Aires porque dicen que en su provincia no fueron escuchados hasta ahora, y denuncian que los están persiguiendo para que no hagan más reclamos, incluso con ofrecimientos de dinero. A pesar de las promesas, el gobernador Gerardo Zamora aún no los ha recibido. “No fue ni una fuga ni un motín; los prendieron fuego, algunos murieron golpeados, otros carbonizados”, dicen, y sospechan que unos cuantos puedan haber muerto baleados, sospechas que se subrayan con el impedimento que establece el juez de la causa para que se presenten como querellantes. Los familiares piden la detención de los guardiacárceles y de los funcionarios “que sabían que esta situación podía llegar”. Hasta ahora no hay una causa penal, sólo fue interrogado un guardia y tres están “en disponibilidad”. En diálogo con Página/12, los familiares relataron que todos los que murieron estaban marcados con “una cinta blanca” en la muñeca, que en la morgue había treinta cajones “preparados” y que la policía los sigue hasta cuando van al cementerio.

Para juntar el dinero necesario vendieron empanadas y chipá, y así pudieron viajar en tren. “Vinimos los que pudimos para ver si alguien nos escucha”, dijo Graciela Farías, tía de Juan José Santucho, uno de los presos muertos en el incendio que se desató el 4 de noviembre en la Cárcel de Varones de Santiago del Estero. “Marchamos todos los días pidiendo justicia, desde ese lunes en que enterramos a nuestros muertos”, completó. La comitiva se entrevistó con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y con el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quienes les dieron una “buena acogida”, y también con los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja. También pidieron, sin éxito, una audiencia con el presidente Néstor Kirchner. “Le hubiera pedido justicia porque esto ha sido premeditado, sabían lo que iba a pasar, por eso los marcaron a los chicos con la cinta blanca. Le pediría que vea cómo trabaja nuestro gobernador en la provincia”, agregó la mujer.

La interrumpió Stella Maris Gómez, esposa de Sergio Juárez, otro de los detenidos fallecidos. “A las siete de la tarde (del domingo 4 de noviembre) estábamos enloquecidas buscando por los hospitales y no teníamos respuesta en ningún lado, fuimos al hospital Independencia, que tiene atrás la morgue, y vimos que había más de treinta cajones. ¿Cómo sabía el gobernador cuántos muertos había y nosotros no sabíamos nada? Ya estaban preparados los cajones”, dijo Gómez con lágrimas e indignación. La abogada Marta Luisa Cárdenas de Infante agregó que “el subsecretario de Salud, Enerio Lugones, salió a decir que no se preocuparan, que él tenía cien cajones más a disposición. Eran las ocho de aquel domingo 4 de noviembre y hasta ese momento nadie había informado sobre muertes. Pero eran cajones de cartón, que les dieron a la gente del interior, y esos muertos no llegaron a ningún destino porque se les rompió a los 30 kilómetros, se les desfondó”. La letrada se quejó de que “luego contrataron una empresa fúnebre con el peor servicio, pero facturan 8 mil 800 pesos, están lucrando con las muertes que ellos provocaron”. Cárdenas, ex jueza de la provincia, afirmó que “el poder político de Santiago les ofrece 10 mil pesos y una casa a las familias para que dejen a sus abogadas y no hagan denuncias. Pero ellos exigen justicia, que haya responsables, no están pidiendo plata”.

Más allá de la versión oficial, el detonante de la crisis habrían sido las quejas de los presos por la requisa a sus familiares. “Desde hace años que venimos denunciando los apremios, las requisas, las constantes amenazas de traslados al Chaco si decían algo de los derechos humanos. Y a los familiares nos cerraban la puerta en la cara, nos tiraban la comida, nos humillaban con requisas corporales que eran violaciones, nos desnudaban completamente con las piernas abiertas en una camilla. A los nenes había que sacarles los pañales. Ellos estaban cansados de aguantar. Si nos quejábamos era peor, nos hacían esperar más horas y después se tomaban represalia con ellos”, describió Gómez.

Con su bebé en brazos, Carol Pamela Gaoán –otra de las abogadas– explicó que se concertó una audiencia con el gobernador Zamora, pero los familiares no quisieron ingresar porque el gobernador no permitió que participaran ella ni Cárdenas. “El Poder Ejecutivo hace oídos sordos a los reclamos: la detención de los responsables por acción, que son los guardiacárceles que estuvieron ese día, porque no fue ni fuga ni motín, sino que murieron golpeados, carbonizados y baleados; y de los responsables por omisión, que son los funcionarios”, enfatizó Gaoán. Mientras una de las mujeres trataba de calmar al bebé de Gaoán, las abogadas coincidieron en que el ministro de Justicia, Ricardo Daives, “conocía los reclamos e hizo público que sabía que esta situación podía llegar a pasar”.

La Justicia sólo investiga los motivos por los que murieron los internos en la Cárcel de Varones 1 de Santiago, porque no hay impulso penal por parte del fiscal Cristian Vitar. Y, a pesar de que el Superior Tribunal relevó al juez Ramón Tarchini Saavedra de otras causas, el magistrado sólo interrogó a uno de los guardiacárceles y se tomó varios días de licencia. “Nos hemos constituido como querellantes pero no nos aceptaron, es decir, no tenemos posibilidad de investigar ni de pedir imputaciones o pruebas. El gobernador mantiene la versión oficial del motín e intento de fuga. Nosotros la descartamos totalmente porque es imposible que quienes se quieran fugar se hayan autoinmolado sin razón alguna”, afirmó Cárdenas. “Aquí no hubo ni fuga ni motín; los internos del pabellón 2 fueron asesinados por los guardiacárceles con conocimiento y consentimiento de las autoridades. Hemos recogido una bolsa de proyectiles adentro de la unidad, pero no nos permitieron estar presentes durante la pericia realizada allí”, agregó la letrada.

Esta semana murió César Leguizamón, uno de los presos que había sobrevivido, y acudieron al velorio abogados que, según Cárdenas y Gaoán, son socios del presidente de la Legislatura. “Le traían un sobre a la viuda del muchacho, pero la gente reaccionó y los corrieron”, relató Cárdenas. “Están yendo a ver a las familias con ofrecimientos de dinero para que acallen la voz. Algunos de los que están acá antes de viajar recibieron llamados de la gobernación diciéndoles que ya está el cheque para cobrar. No sabemos de qué hablan, porque en ningún momento reclamaron dinero, queremos detenciones de los responsables, no que renuncien como se ha ido (el subsecretario de Justicia Darío) Nassif y hoy se pasea por las calles de Santiago”, agregó Gaoán, mientras varios de los familiares asentían con la cabeza.

Este grupo de santiagueños no tiene paz siquiera cuando va al cementerio. “La policía nos pregunta qué hacemos ahí, y hay rumores de que no nos van a dejar hacer más las marchas”, contaron.