“Que las víctimas de violencia sexual reciban anticoncepción de emergencia y medicación contra el VIH: muchas veces no la obtienen”; “que el Ministerio de Salud emita señales claras para que los hospitales públicos cumplan en practicar los abortos que la ley permite: muchas veces los médicos no lo hacen”; “que los médicos ‘objetores de conciencia’ lo manifiesten de antemano y renuncien a dirigir o integrar servicios de salud reproductiva”. Las demandas que las mujeres de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto formularon a Graciela Ocaña, ministra de Salud, fotografían el estado actual en la atención de la salud de las mujeres. “La reunión fue cordial: quedamos a la expectativa de los hechos”, dijo una representante. Quedó previsto el monitoreo de la sociedad civil en el Programa de Salud Reproductiva, ya que “hay provincias que no piden o no entregan los anticonceptivos”. En cuanto al propósito de fondo de la Campaña –el aborto legal y gratuito hasta las doce semanas de gestación–, las mujeres impulsarán el proyecto que ya presentaron al Congreso, aunque “la clase política argentina le tiene un temor reverencial a la jerarquía eclesiástica”.

“Reconocemos, como gesto político, el hecho de que la ministra haya recibido a las representantes de la Campaña”, señaló Marta Alanís, una de las seis representantes que dialogaron con Ocaña; en la reunión, que duró más de una hora y cuarto, “se generó un comienzo de diálogo auspicioso –-coincidieron las seis–. Le demandamos a la ministra la voluntad política de emitir señales claras para que los médicos de instituciones públicas realicen los abortos que el Código Penal permite, en vez de derivar los casos a los jueces”.

Las mujeres también pidieron “que se haga cumplir el Protocolo Humanizado de Atención Postaborto y la Guía Técnica de Aborto No Punible”, preparada con participación de la sociedad civil; ambas normas fueron dispuestas por el ex ministro de Salud Ginés González García. Además, “los médicos que quieran ejercer la ‘objeción de conciencia’ para prácticas como la anticoncepción de emergencia o el aborto no punible deberían anunciarlo previamente e inscribirse en un registro, como sucede en México: no puede ser que, en plena urgencia, la mujer se entere de que todos los médicos de un servicio público decidieron ser ‘objetores’; y un ‘objetor’ no debe dirigir un servicio de salud reproductiva”. Por lo demás, según señaló la representante Cecilia Lipszyc, “hay demasiados médicos que en el hospital público son ‘objetores’ y en su consultorio privado practican abortos”.

“Quedó prevista una reunión con el o la responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, que todavía no ha sido designado –contó la representante Mabel Gamarra–: denunciaremos las violaciones a la Ley de Salud Reproductiva que se producen en distintas provincias.” Por ejemplo, “los faltantes de anticonceptivos: en Santa Fe, había dos toneladas que se dejaron vencer sin ser distribuidos; en provincias como Córdoba y San Juan faltaban insumos porque las autoridades locales no los solicitaban; esa irresponsabilidad tiene consecuencias terribles para las mujeres más pobres”, precisó Gamarra. En rigor, “son pocas las provincias que cumplen en su totalidad con la Ley de Salud Reproductiva”, advirtió Lipszyc.

Las representantes también señalaron “el escándalo de que siga habiendo mujeres que, cuando van al hospital por consecuencias de abortos practicados en pésimas condiciones, terminan en la cárcel porque los médicos las denuncian y tienen que ir esposadas a hacer sus tratamientos; así pasó recientemente en Formosa, en Misiones, en Santiago del Estero, donde hubo ocho casos”, según recordó Alanís.

También denunciaron “que muchas veces no se aplican a tiempo los protocolos para casos de violencia sexual, por los cuales en las primeras doce horas de una violación la mujer tiene derecho a recibir medicación contra el VIH y anticoncepción de emergencia”. Y reclamaron que “los fiscales denuncien a los médicos que se niegan a realizar los abortos legales”, ya que “hoy el Estado debe dar razones al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el caso de una chica con discapacidad mental que no tuvo acceso al aborto legal”.

Respecto del objetivo central de la Campaña –“derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta las doce semanas de gestación”–, “trabajamos para que el proyecto que ya presentamos al Congreso tome estado parlamentario por el aval de legisladores”, comentó Alanís. No será fácil porque, observó Lipszyc, “la clase política argentina tiene un temor reverencial a la jerarquía eclesiástica católica”. Terminada la reunión con la ministra, “quedamos a la expectativa de los hechos”, resumió Alanís.