Desde hace 25 años nuestro país viene avanzando sistemáticamente en la adecuación normativa y desarrollo de políticas públicas orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos en general. Este avance no ha sido lineal; se pueden reconocer en el camino altibajos, con momentos de claros avances y otros de franco retroceso.

En temas de infancia el recorrido ha sido similar. Si bien Argentina se suma a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) en 1989, recién a fines de 2005 culmina el proceso de adecuación de la normativa nacional a ese tratado con la sanción de la Ley 26.061.

Es justo reconocer que la incorporación a la Constitución Nacional en el año 1994 de estos tratados facilitó tanto adecuaciones normativas en jurisdicciones locales, como el caso de la ciudad de Buenos Aires con la Ley de Protección Integral del año 1998, que da nacimiento al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como la adecuación de prácticas orientadas a la infancia de OSC y un proceso de trabajo sistemático de ellas para lograr la instauración definitiva de la Doctrina de la Protección Integral en el año 2005.

Estas discontinuidades también pueden medirse por jurisdicciones. Surgen en una primera mirada dos ejemplos concretos, el de Neuquén y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Neuquén fue uno de los primeros distritos en adecuar su normativa de infancia a los parámetros internacionales, cumpliendo de esa manera con el respeto a la Constitución Nacional y a la CIDN. Sin embargo, con el gobierno de Sobisch se ingresa en un proceso de profundo cuestionamiento a la Ley de Protección Integral, con un marcado y sistemático intento de destrucción de la misma por parte del Poder Ejecutivo provincial, que encontró afortunadamente en la sociedad civil una tenaz resistencia.

En la ciudad de Buenos Aires, el camino recorrido difiere hasta el presente del que realizó la sociedad neuquina. La sanción de la Ley 114 trajo consigo la Doctrina de la Protección Integral y un intento, a veces logrado y otras veces no, de adecuación de las prácticas institucionales a ese estatuto de la infancia. Esto significa que, si bien durante la gestión anterior se intentó y avanzó parcialmente en el desarrollo de políticas públicas con ese signo, quedaron urgentes tareas por realizar.

Mirando a futuro, el panorama se presenta sombrío. No tanto por los dichos del jefe de Gobierno de priorizar obligaciones por encima de los derechos, sino por las acciones que vienen desarrollando hacia los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Entre ellas cabe destacar la baja de convenios con OSC con amplia experticia en el trabajo con niñas, niños y adolescentes en situación de calle, como Amanecer (creadores de la obra de teatro llevada adelante por niños en situación de calle titulada Amanecer bajo el puente y que se presentó varias temporadas en la Manzana de las Luces) y la Fundación Matilde Vara, por lo que cerraron los paradores nocturnos que conducían ambas instituciones. También se notificó la baja del convenio entre el CDNNyA con la Fundación Infectológica para la Niñez y Adolescencia (FINA) a partir del 31 de marzo. De esta manera se cierra la posibilidad a 70 niños portadores de VIH-sida de contar con el acompañamiento de operadores sociales que a través de su trabajo garantizan la adherencia al tratamiento.

A nivel interno, el CDNNyA decidió dejar morir sus programas de intervención, básicamente dos, el que se orienta a la erradicación del trabajo infantil (cartoneros, venta ambulante, etc.) y el que desarrolla acciones favorables a la erradicación de la explotación sexual infantil (visible o invisible).

En el mundo de los derechos de la infancia la lucha por su efectivo cumplimiento está lejos de concluir; es más, se presenta como una tarea urgente y cotidiana. Y al menos para Neuquén como para la ciudad de Buenos Aires vendría bien aplicar la sabia máxima hecha pública por el jefe de Gobierno porteño. Es hora de obligaciones y no de derechos, es decir, el presente es el momento justo para que el Estado en todos sus niveles cumpla con sus obligaciones, por ejemplo, la de garantizar los derechos humanos de todos y cada uno de sus ciudadanos.

* Especialista en temas de infancia, docente-investigador (UBA).