Alvaro García Linera reconoció ayer expresamente que la carencia de gas boliviano en superficie obligará a renegociar el contrato de provisión a la Argentina, demorando un año y medio la meta máxima de enviar un total de 27 millones de metros cúbicos por día. El sinceramiento del vicepresidente boliviano tuvo lugar el mismo día en que el gobierno argentino anunció la licitación de la obra de ingeniería para construir el gasoducto del Nordeste, imprescindible para importar ese fluido. Este tendido podría estar listo en 2010, antes de que el país gobernado por Evo Morales tenga la cantidad suficiente del carburante para llenar esos caños. El eventual desfasaje generaría varios perjuicios para las arcas públicas locales. El menor, dejar ociosa esa inversión estatal, de casi 1600 millones de dólares, y mayor a la que se previó hace cuatro años para la denominada “iniciativa Techint”. Otro, incrementar el subsidio estatal para que se consuman más combustibles líquidos.

Todo ese esfuerzo tendría como propósito eludir la crisis energética que para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es sólo una interpretación errónea de la prensa, según subrayó ayer. El gas no sólo es imprescindible para el abastecimiento de los hogares y resulta un insumo vital para muchas industrias, sino que es también necesario para la generación eléctrica a través de usinas térmicas como las dos nuevas que se incorporarán este año al sistema, Belgrano y San Martín.

En un contexto de reservas locales decrecientes y demanda en aumento, el aporte boliviano fue hasta ahora la esperanza para suplir la carencia de ese combustible. Este se reemplaza, en parte, con otros carburantes como el fuel oil traído desde Venezuela, que la estatal Enarsa paga a valores de mercado, muy superiores a los de otros carburantes: esta vía implica indefectiblemente más costo fiscal.

Aquella ilusión argentina se funda en el acuerdo firmado con Bolivia en el año 2006, por el cual esta nación se comprometió a incrementar la exportación de gas en cantidades crecientes desde los 7,7 millones de metros cúbicos actuales a los 27 que debían llegar desde el 2010. Pero García Linera ayer pulverizó esa fantasía, reconociendo públicamente lo que para el sector hace rato que era un secreto a voces. “Hay que renegociar el traslado del cumplimiento total de abastecimiento a la Argentina del 2011, quizás al 2012 o a mediados del 2013”, sentenció el vice de Evo. Para el funcionario, recién a fin de año Bolivia podría aumentar su producción de 2 a 2,5 millones de metros cúbicos por día, a lo que podría añadir otros 4 o 5 millones el año próximo.

García Linera responsabilizó la renuencia inversora de las productoras privadas que operan en su territorio, descontentas con el nuevo marco legal impuesto tras la nacionalización. “Les dimos un golpe a las petroleras. Les dimos un garrotazo y ellas se resintieron, nos boicotearon en algunos casos, nos estorbaron en otros, no nos ayudaron y nos amenazaron”, se quejó.

Según cifras oficiales, el país vecino dispone de reservas gasíferas por 1,3 billón de metros cúbicos. Pero para extraer esa riqueza atesorada en el subsuelo es necesario hacer inversiones millonarias que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no estaría en condiciones de ejecutar –a pesar de que sus ingresos aumentaron considerablemente al subir las regalías que se cobran a las productoras–, amén de las deficiencias en el know how. En este cuadro, la voluntad de las firmas privadas es vital.

Cuando se firmó aquel acuerdo, el propio Morales reconoció que para cumplir el contrato con la Argentina era necesario invertir 800 millones de dólares en tres años. Algunos de esos desembolsos están previstos, pero se necesita tiempo para las obras. En otros casos, todavía no se concluyeron las negociaciones con las concesionarias privadas, pautas que cambiaron drásticamente desde la nacionalización de los hidrocarburos.

Entre otros replanteos rechazados por el capital privado, aquella norma subió las regalías tributadas por las empresas al 50 por ciento de su recaudación bruta. Las inversiones exploratorias corren por cuenta de los privados, que ya no podrán disponer libremente del recurso que extraiga. YPFB será quien los comercialice. En las ventas a la Argentina, en el último año y medio el valor de exportación subió de tres dólares el millón de BTU a siete, con miras de llegar a ocho en breve.

Casi la mitad del gas que llene el gasoducto del Nordeste llegaría desde el campo boliviano de Margarita, que Repsol opera junto a Pan American Energy y British Gas. Pero para honrar ese objetivo es necesario avanzar con el desarrollo de pozos operativos en el área. Algo similar a lo que ocurre con Itaú, de Petrobras y Total, o Ipati, que los franceses operan con Tecpetrol. En todos los casos, hay pendientes tanto perforaciones como acuerdos sobre las condiciones operativas.

Mientras estas cuestiones se resuelven, Argentina avanzó con uno de los puntos comprometidos en su acuerdo, como es el de proveer infraestructura necesaria para traer el gas que aspira a importar, ampliando la capacidad de transporte. Según la propuesta original de Techint, formulada hace poco más de tres años, el gasoducto costaría 1100 millones de dólares, a invertir por el holding, que así ganaba el derecho de ser operador y dueño del emprendimiento. Pero el esquema cambió.

Sumando los caños a la obra licitada ayer, el costo total hoy trepó a casi 1600 millones de dólares para una obra de propiedad estatal. Estos se cubrirán íntegramente con la caja de Enarsa, que también paga el gas traído desde Bolivia. Con una fórmula remozada, el Gasoducto Nordeste parece ser un hecho más firme que la disponibilidad de gas para llenarlo según las necesidades de Argentina.