El oficial de la Armada que hace cuatro meses convocó a los imputados en la masacre de Trelew para notificarles la reapertura de la causa y adelantarles una posible citación judicial, capitán de navío Juan Martín Poggi, admitió ayer ante el juez federal Hugo Sastre que no se trató de un caso aislado sino de una práctica institucional de la fuerza que comanda el almirante Jorge Godoy. Poggi explicó que la Armada cita a los camaradas denunciados por delitos de lesa humanidad, verifica sus domicilios y se asegura “que estén a derecho”, es decir que se presenten al ser citados. Cuando le preguntaron por qué la fuerza entrega domicilios desactualizados de sus retirados explicó que su deber era informar la dirección que consta en los registros aun a sabiendas de que no fuera real. Una alta fuente del Ministerio de Defensa evitó anoche confirmar o desmentir la práctica admitida por Poggi hasta no tener acceso a su declaración.

El cabo primero en retiro Carlos Amadeo Marandino declaró que en octubre fue citado al Edificio Libertad, donde además de Poggi, entonces subsecretario de Relaciones Institucionales, lo recibió el capitán de fragata Angel Vázquez, de la Secretaría General Naval, que también declaró ayer. Le informaron que se había reabierto la causa, que podrían citarlo “después de las elecciones”, le entregaron sus tarjetas y prometieron “tenerlo al tanto”. Nunca más se comunicaron. Página/12 informó que Poggi tenía a su cargo una dependencia que en la jerga naval denominan “grupo de contención”, destinada a asesorar a camaradas en desgracia. Ante la consulta, el marino prefirió no hablar. “Podría cometer una falta disciplinaria”, arguyó. Ayer ante el juez no tuvo excusas.

Poggi declaró que la Armada entabla contacto con todos los implicados en “delitos de derechos humanos” (sic) requeridos por tribunales federales. Marandino fue el único que consideró relevante informarlo, pero el mismo camino recorrieron los capitanes Rubén Paccagnini, Luis Sosa y Emilio Del Real. Según fuentes de la Justicia de Chubut, Poggi explicó que la tarea encomendada por el almirante Godoy apunta a responder a “las inspecciones permanentes del Ministerio de Defensa para conocer sobre implicados en delitos”. Especificó que de todos los marinos que le encomendaron contactar los únicos dos que no se presentaron fueron el teniente de navío (R) Roberto Bravo, imputado por el fusilamiento de Trelew y radicado en los Estados Unidos, y el capitán de fragata (R) Jorge Vildoza, apropiador y jefe de un grupo de tareas de la ESMA, prófugo desde 1986.

–Si tienen registro actualizado de los domicilios de todos los retirados, ¿por qué en julio de 2007 no informaron los domicilios actuales de los imputados? –le preguntó el juez.

–Informamos los domicilios que ellos fijan. No tienen obligación de fijar el domicilio real –respondió Poggi, ante el asombro de quienes lo escuchaban.

–¿Legal y hasta moralmente no tienen el deber de informar los domicilios verdaderos?

–Nos remitimos a contestar lo que nos piden. No tengo claro si reglamentariamente podemos dar otro domicilio que el registrado. Moralmente, sí, deberíamos dar el real –admitió.

-¿Por qué en el caso del capitán Sosa informaron una casilla de correo y no comunicaron su teléfono?

–Porque no nos fue solicitado –respondió escueto.

La causa por la masacre de Trelew ya tiene cinco detenidos. Paccagnini y Del Real están en la alcaidía de Trelew, Sosa en la comisaría 4ª, el contraalmirante Horacio Mayorga en la delegación de la Policía Federal de Rawson y el cabo Marandino en la comisaría de Playa Unión, con custodia especial después de dignarse a no repetir la versión oficial. En los próximos días el juez Sastre resolverá sus situaciones procesales.