La Ley de Bosques, sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas. Otorga un año, hasta el 28 de noviembre último, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según el valor de conservación. Aún no hay mapeos, no hay participación campesina e indígena (como obliga la ley) y, a quince meses de su sanción, no fue reglamentada. El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) denuncian que la Secretaría de Ambiente de Nación impulsa una ley mucho más flexible, que permitiría los desmontes y el avance sojero.

Según el MCC, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde participan las áreas de ambiente de cada provincia, modificó el texto original de la reglamentación. “De la mano de los gobiernos provinciales, los grupos sojeros logran imponer la agenda a nivel nacional, donde se alivian las exigencias de la ley, controlando la reglamentación a través del Cofema”, denuncia el Movimiento Campesino de Córdoba.