De acuerdo con los relevamientos de Cepal, haber llegado a la instancia final del concurso permitió a tres proyectos imponer su agenda y su modo de gestión a las políticas públicas. El primero de ellos consistió en “defensorías comunitarias” puestas en marcha en la zona de Cuzco, en Perú. “Es una respuesta comunitaria a casos de violencia familiar, en la cual las mujeres de la comunidad se reúnen y son capacitadas por una ONG para ayudar a las agredidas. Hacen también seguimiento de las denuncias judiciales. A partir de la experiencia en una población pequeña cercana a la ciudad de Cuzco, hoy todo el departamento, con apoyo del alcalde, lo está replicando”, rescata María Elisa Bernal. Otro caso se ha dado en Bolivia, con un proyecto del norte de Potosí que, a partir de involucrar a la administración local, procura erradicar el trabajo infantil; “por las constantes migraciones familiares, muchas veces los niños quedan en casas de otros parientes que, a cambio de darles alojamiento y comida, los hacen trabajar en la casa o en la finca. Este programa hoy está incorporado como política pública, y el gobierno municipal paga un incentivo a esas familias que alojan a los niños a cambio de que se comprometan a no hacerlos trabajar”.