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María Elena Barbagelata, ex directora General de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires.

1 En la última década pueden destacarse las sanciones de las leyes de ligadura de trompas, de educación sexual y la de tratas de personas. Estas leyes representan en sí mismas un avance en los derechos de las mujeres y una posibilidad mucho más concreta para la implementación de políticas públicas de género. Se han registrado importantes avances, que se perfilan como herramientas pero que todavía están en el plano de la teoría. Es necesario ahora que estas herramientas pasen al plano de la realidad.

2 Es imprescindible que todas las mujeres puedan acceder a la Justicia y, sobre todo, es imperioso que se cumpla con las leyes que ya están vigentes. Otro desafío es implementar en todo el país políticas públicas necesarias para asegurar la igualdad entre varones y mujeres, porque ésta es una de las grandes deudas. También se debe trabajar para perfeccionar las leyes. Somos uno de los países con legislaciones más avanzadas y completas, pero hay una gran distancia entre la teoría y el cumplimiento de esas leyes en la realidad. Especialmente en relación al aborto no punible, que es permitido por el Código Penal –en los casos de violaciones y cuando existen riesgos para la vida de una mujer–, y muchos jueces se niegan a aplicar.

3 En cuanto a la legislación, se podría mejorar la ley de trata, que creo que ya quedó en el camino, en especial cuando la ley establece una diferencia entre menores y mayores. También se debería revisar el tema de salud reproductiva para que se contemplen las situaciones en las que se debe interrumpir el embarazo. Por último, una deuda pendiente es contar con una ley que profundice la igualdad entre varones y mujeres en el ámbito del trabajo. La ley que está vigente en la actualidad fue sancionada en 1974 y la realidad laboral ha cambiado mucho. Por esto es necesario ajustar las normas en este terreno, donde se presentan muchas desigualdades.