En marzo último, en el Congreso Nacional, Libres del Sur y organizaciones sociales convocaron a una audiencia pública donde se solicitó al Ejecutivo que prohíba de inmediato al endosulfán y se cuestionó el modelo de agronegocios actual en sus efectos sanitarios, ambientales y sociales. En junio, la Defensoría del Pueblo de Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico.

En noviembre de 2010, la Defensoría ya había apuntado al problema macro: en la Resolución 147/10 solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implica alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.