“Hay responsabilidad del Estado, porque lo que el Estado nos debe es un sistema integral de respuesta para los casos de violencia. Y eso requiere, entre otras cosas, un sistema de registro unificado, una comunicación y coordinación adecuada para responder en tiempo y forma”, señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo de Justicia y Género (ELA). “¿Por qué la intervención de la Justicia estaba sujeta a recibir las fotocopias de las denuncias policiales? Porque la Justicia y la policía no están conectadas. Distinto sería si hubiera un sistema informático con las denuncias al que tuvieran acceso los jueces”, advirtió Gherardi.

“Este fallo deja en claro la responsabilidad que tiene el Estado respecto de la vida de las mujeres”, consideró Perla Prigoshin, de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig). Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, agregó: “Es hora de que el Estado indemnice por la falta de diligencia en la prevención del femicidio y filicidios. La excusa de la falta de recursos ya no es aceptable”.

Chiarotti recordó que en la sentencia por los femicidios de Ciudad Juárez contra el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que la negligencia del Estado y la falta de diligencia en la prevención de los delitos ameritaba la reparación. “En este caso las víctimas están muertas, pero queda el resto de esa familia que quedó desmembrada. El monto asignado es modesto. Nunca cubrirá la pérdida de una madre y dos hermanos. Pero simbólicamente es importante.”