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Desde San Miguel de Tucumán

“Pido la palabra, señor presidente. Esto que se está haciendo con la testigo es violencia de género. Acá se está vulnerando la dignidad de la testigo y se están vulnerando normas internacionales en defensa de la mujer.” La frase, que en boca de fiscales o querellantes hubiera sido incuestionable, partió –créase o no– del lugar asignado a los abogados que defienden con empeño y desmesura a 13 personas que, con las pruebas preliminares necesarias para semejante instancia, están siendo hoy juzgadas por la privación ilegal de la libertad de Marita Verón y por “promoción de la prostitución” no sólo de ella sino de decenas y decenas de mujeres. La frase, repetida una y otra vez en las audiencias de esta semana por los defensores, surgió cada vez que la fiscalía y la querella querían saber, luego de pedir disculpas por la “incómoda pregunta”, si las testigos habían sido obligadas a ejercer la prostitución durante su cautiverio en los prostíbulos de La Rioja.

En todo momento, en lugar de hablar de “prostíbulos”, los defensores dicen que los lugares que regenteaban sus defendidos eran “whiskerías” o “boliches”, donde a lo sumo había “coperas” que “sólo acompañaban a los clientes mientras compartían unos tragos”. La estrategia de las defensas, además de apelar a eufemismos, se basa en tratar de hacer desdecirse a las testigos y de cuestionar la instrucción realizada en su momento por el comisario Jorge Eduardo Tobar. Así lo hicieron el miércoles cuando el testigo Orlando Dionisio Nadal Olivero dijo que no recordaba si le habían leído, antes de estampar su firma, una declaración ante la autoridad policial, en donde reconocía haber escuchado conversaciones “con gente de La Rioja”, en su domicilio de Tucumán, de una chica de su barrio que “trabajaba como yiro” (textual expresión del declarante).

Del mismo modo en que se trata de ensuciar la gigantesca tarea realizada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, las defensas preparan el terreno para cuando le toque declarar a Tobar.