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Las declaraciones de Jorge Rafael Videla, surgidas de las entrevistas que mantuvo con el periodista Ceferino Reato y publicadas en el libro Disposición Final, nos obligan una vez más a reflexionar sobre la importante tarea de educar para la memoria.

El sistema educativo nacional enseña, desde hace tiempo, que la dictadura no protagonizó una guerra, como volvió a argumentar Videla; sino que llevó adelante una política de exterminio y terrorismo de Estado. Esta concepción no es la opinión de un gobierno: es un hecho comprobado por la Justicia. Y tal como dijo el filósofo Theodor Adorno, “la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en educación”.

Los dichos del dictador y algunos discursos periodísticos que siguen legitimando el accionar de la dictadura exigen a la escuela una tarea fundamental: reflexionar sobre las condiciones que permitieron el horror. Videla reconoce que la expresión “disposición final” tiene origen militar y significa “sacar de servicio una cosa que resulta inservible”. Los nazis utilizaban una expresión que se parecía: “vida indigna de ser vivida”.

Lo que debe ser dicho es que las palabras “cosas” e “inservibles” se refieren a personas, a seres humanos, a otros a los cuales debemos respeto y cuidado.

En nuestro país, la desaparición sistemática de personas llevó el rasgo deshumanizador a su punto límite, negando el derecho a la propia muerte y a la tumba propia. La enseñanza de la historia y los ejercicios de memoria son modos de intervenir sobre ese ocultamiento y de sumar, desde la singularidad educativa, a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia.

En 2003, Néstor Kirchner nos convocó a trabajar por la defensa permanente de los derechos humanos. En esa trayectoria, continuada por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Educación de la Nación ha desarrollado una política sostenida de Educación y Memoria, que promueve la enseñanza del pasado reciente en las aulas y enfrenta el desafío de encontrar explicaciones en torno de una de las experiencias más traumáticas de nuestra historia nacional.

Sabemos que educar es un acto político. En la labor cotidiana de las aulas escolares, las sociedades ponen en juego aquellos contenidos e interpretaciones del pasado que consideran más valiosos para transmitir a las nuevas generaciones; incorporar como contenido curricular un nuevo capítulo que incluya lo sucedido en la última dictadura militar, inaugurada por aquel golpe cívico-militar de 1976, se ha convertido en una obligación política y también ética.

El que olvida repite; por eso se trata de conocer y recordar el terror que vivió nuestra sociedad, que vivimos todos; porque en el pasado hay delitos que no prescriben, y sólo a partir del conocimiento de nuestra historia reciente podemos tratar de asegurar no repetirla. Si los estudiantes comprenden lo que nos pasó, estamos más cerca de imaginar un futuro donde sea impensable el retorno del horror.

El trabajo por la memoria, contra lo que algunos sostienen, no distrae a la escuela de sus funciones. Estamos convencidos de que esa tarea forma parte de la esencia de la vida escolar, porque de ella depende la formación de ciudadanos críticos comprometidos con los derechos humanos, la democracia, el respeto y la justicia social.

Este Estado democrático, a diferencia de aquel Estado terrorista que los reprimió, hoy convoca a los jóvenes, les da oportunidades educativas y los alienta a sumarse a la vida política para construir una sociedad más justa.

* Ministro de Educación.