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“La encuesta fue muy bien recibida por las compañeras porque se trata de una mirada que hacía falta para hacer tomar conciencia a la sociedad sobre el maltrato o el destrato que recibimos las travestis”, le dijo a Página/12 Alba Rueda, una de las referentes del colectivo trans que trabajó en la prueba piloto realizada en La Matanza. Ella señaló que la dificultad para conseguir “un empleo digno”, como consecuencia de la discriminación que sufren, es “uno de los problemas centrales” que deberían ser solucionados en el futuro inmediato para evitar que “muchas de nosotras tengamos que caer en las redes de la prostitución”. De todos modos, como resultado de la encuesta, también recibieron “algunas lindas sorpresas, como el caso de una chica que trabaja como maestra de cuarto grado, cargo al que pudo acceder por concurso”. Lo más positivo es que “ella nos dijo que tiene una muy buena relación tanto con sus alumnos como con los padres”.

Alba admitió que la entrevistada “sólo hizo mención a alguna discriminación sufrida de parte de sus colegas. De todos modos, esto significa que lo que le está pasando no tiene que ver con el estereotipo que se hace socialmente de las travestis, sino de problemas que tienen que ver con la relación entre pares, donde aparecen las envidias, la competencia y cuestiones que se dan en general entre los que realizan una misma tarea”. Alba aclaró que a la encuesta se llegó con un cuestionario que fue analizado y estudiado previamente, entre los organismos nacionales y las organizaciones sociales.

Por esa razón, “llegamos a las encuestadas con preguntas que estaban bien orientadas y no hubo objeciones porque estaban previstas todas las variables”. Comentó que “sólo algunos pedidos para que se incluyeran temas como la atención que reciben centros de salud, en especial los lugares donde se brinda atención a portadores de HIV Sida. También se hicieron consultas por cuestiones relacionadas con la drogadicción, pero sobre eso no se avanzó porque ya está contemplado en las tareas que viene realizando el Ministerio de Salud, de manera que no era necesario hacerlo”.

Además de la recepción en las sedes habilitadas para monitorear la experiencia, la encuesta “se hizo casa por casa, en algunas de las cuales a veces se reunían varias personas trans. Los grupos de encuestadores estuvieron integrados por empleados del Indec y del Inadi, pero el rol más activo lo tuvimos nosotras como representantes de las distintas comunidades travestis de la zona de La Matanza”.

Gracias a los estudios previos, “las entrevistas llegaron a tener la profundidad necesaria como para conocer más a fondo la historia de las personas trans encuestadas, sus lazos familiares, su inserción social, sus realidades históricas”. De tal modo fue posible “tener información muy detallada sobre hechos de violencia policial y de discriminación institucional. También se pudo avanzar para conocer las dificultades que tuvieron y tienen para tener acceso a la educación y a un trabajo digno”. En este sentido, corroboró que “la mayoría sobrevive teniendo que caer en la prostitución o cuenta con trabajos informales”.

El rechazo de los eventuales empleadores se debe a que “las personas trans encuestadas asumen en todo momento su identidad sexual desde muy jóvenes y se exponen como tales”. Entre los “trabajos informales” dijo que hay “operarias en curtiembres donde se fabrican zapatos o carteras”. Resaltó que “muchas de las encuestadoras fueron chicas travestis que han tenido que trabajar como prostitutas y que ahora estaban muy contentas porque podían adjuntar a su currículum un trabajo digno”.

Alba sostuvo que una de las cuestiones muy importantes fue “la de reunir información acerca de las tremendas dificultades en el acceso a la justicia por parte de las personas trans”. Detalló que en este punto “surge sobre todo el conflicto permanente con las autoridades policiales, cuando las chicas se ven involucradas en alguna falta contravencional o en supuestos delitos. Allí aparecieron las denuncias por maltrato, violencia o abusos. Se les preguntó si tenían conocimiento de la Ley de Identidad de Género y allí se comprobó que muchas tienen conocimiento de la existencia del Inadi, pero que todavía les falta acceder a la información sobre sus derechos”. Las entrevistadas dijeron que las defensorías judiciales o de la administración pública “no son lugares de los más accesibles para las personas trans”.

En ese sentido, recordó que desde el regreso a la democracia “hemos recorrido un largo camino, porque al principio los organismos de derechos humanos no nos tenían tan en cuenta, pero eso es algo que fue cambiando en forma positiva”. Sobre el desconocimiento que muchas de las encuestadas tienen sobre la Ley de Identidad de Género, Alba hizo una salvedad: “Hay que tener en cuenta que la norma se aprobó el 19 de mayo y fue reglamentada el 1 de junio, mientras que la encuesta empezó a realizarse el 18 de ese mismo mes, de manera que no hubo mucho tiempo para que pudieran informar bien acerca de sus alcances”.

Sobre el final de la entrevista, Alba expresó su alegría: “Si me pedís una opinión, te digo que la encuesta fue maravillosa. Todas las personas trans le dieron la bienvenida porque va a ser fundamental, junto con algunas leyes dictadas en los últimos años, para armar toda una estructura que va servir para que tengamos un mejor acceso a la justicia y a las políticas de estado que son imprescindibles para que se respeten nuestros derechos, para que podamos ser personas con identidad propia”.