“El proyecto anunciado por el gobierno de San Juan pretende fortalecer el neuropsiquiátrico, el manicomio, a través de la ampliación de camas –afirmó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–. La posterior aclaración del ministro de Salud provincial (ver nota principal) no desmiente el anuncio anterior y nos hace sospechar que se trata de una reacción para poner tapujos a sus intenciones, a raíz de la rápida respuesta del movimiento de salud mental en el país.”

“La ley 26.657 y su decreto reglamentario son claros al decir que las instituciones psiquiátricas monovalentes no pueden ser sustituidas por otras estructuras de salud: deben cerrarse. No se trata de abrir allí un laboratorio de análisis clínicos ‘para la comunidad’, nadie va a querer ir a sacarse sangre al manicomio. Los recursos destinados a las instituciones monovalentes deben migrar a los hospitales generales y a servicios alternativos como las casas de medio camino, que en ningún país del mundo están adentro del neuropsiquiátrico. Pero el gobierno de San Juan, al revés, anuncia un refuerzo del manicomio para que absorba la sobredemanda de los hospitales generales. Por lo demás, la inversión de sumas millonarias en instituciones monovalentes corresponde a un debate pendiente sobre el presupuesto en salud mental: los manicomios se llevan todavía enormes porcentajes y, si esto no cambia, la Ley de Salud Mental no puede implementarse”, agregó Sabin Paz.