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Cinco de los seis detenidos por intentar resistir el violento desalojo policial en Villa Lugano recuperaron su libertad; respecto al restante, el juez de la causa debe resolver un insólito pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Carlos Rolero, porque el detenido no puede fijar domicilio, luego de haber sido arrojado a la calle a la fuerza.

Los liberados son Bernardo Fernández, Ramiro Ramos Jacinto, Rafael Fernández, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento, precisó el abogado de los detenidos, Ramiro Geber.

Permanece detenido Rubén Cerasolo, “porque según el fiscal no reúne los requisitos necesarios para darle la libertad, entre ellos la fijación de domicilio. Pero no tiene sentido la posición de la fiscalía –argumentó–, porque se trata de una toma y hay innumerable cantidad de jurisprudencia que le da razón a la defensa”. El juez subrogante Gabriel Vega citó para hoy a las partes a una audiencia, a fin de resolver el pedido de prisión preventiva cursado por el fiscal ante el Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, cuya titular es Gabriela López Iñíguez, quien tiene a su cargo el expediente penal por usurpación y a quien subroga Vega.

Según Geber, “es una cuestión absolutamente política: basándose en el conflicto social que fundamentó el desalojo, se está criminalizando la pobreza cuando hay otros despojos que nadie cuestiona, como los que hace la misma ciudad al conceder 34 hectáreas del Parque Roca a una empresa privada, negando la posibilidad de usar ese espacio público para la construcción de viviendas”.

El abogado de los detenidos opinó que “el gobierno porteño no tiene una política de urbanización de villas y criminaliza la pobreza”, y anticipó que plantearán “con argumentos fácticos y jurídicos la imposibilidad del dictado de la prisión preventiva”