El violento desalojo del barrio Papa Francisco, ubicado en el playón de autos decomisados de la Federal, a manos de la Metropolitana y con asistencia de la Gendarmería y la Policía Federal, provocó muy fuertes críticas y el regreso de la Carpa Villera al Obelisco. La Metropolitana cosechó buena parte de los repudios por su actuación. También el gobierno de Macri, que había prometido viviendas a quienes habían protagonizado la toma en febrero a la espera de que el macrismo cumpliera. La Gendarmería nacional y el propio secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvieron lo suyo en el reparto de cuestionamientos.

“La solución no es el desalojo –sostuvo Jorge Taiana, legislador porteño del Movimiento Evita Capital–. La constitución del barrio Papa Francisco no es un caso aislado. Expresa un problema transversal a toda la sociedad porteña: la falta de vivienda digna. En nuestra ciudad existen 16 villas de emergencia, en donde viven 240 mil personas aproximadamente. El panorama se complejiza contabilizando a las personas que viven en asentamientos precarios, en inmuebles ocupados, en los predios bajo las autopistas, a las familias alojadas en hoteles, conventillos, viviendas transitorias y a los que están en situación de calle. Medio millón de personas no tiene una vivienda digna en la ciudad con mayor presupuesto del país.”

También desde el Movimiento Evita y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el diputado nacional Leo Grosso, del FpV, sostuvo que “repudiamos el desalojo de los compañeros y la represión de la Policía Metropolitana. Nos da vergüenza que la Gendarmería Nacional se haya prestado a esa política de Macri, que parece que la única forma que tiene de solucionar el déficit habitacional en la Ciudad es con represión y desalojo. Está claro que el desalojo no es la solución para cientos de familias y mucho menos la represión a los vecinos, militantes y legisladores”.

“El Gobierno de la Ciudad nunca tiene soluciones para la gente –sostuvo María Rachid, legisladora porteña del FpV y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura–, el desalojo no puede ser la respuesta ante la falta de vivienda de cientos de familias que estaban en este predio. Hay una tendencia discriminatoria de relacionar migración o pobreza con delincuencia, que está generando mucha violencia. Y el secretario (de Seguridad nacional, Sergio) Berni tiene una gran responsabilidad en ese sentido”. Y agregó que “mientras desalojan a estas 500 familias otros juegan al golf justo enfrente, en 40 hectáreas que son de la ciudad de Buenos Aires. Un gran predio en la zona con mayor necesidad de vacantes escolares, centros de salud y viviendas que el PRO quiere donar por 20 años a un club de golf”.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio –dijo Cecilia Merchán, referente de la Corriente Político y Social La Colectiva– a la decisión de la Justicia porteña de ordenar el desalojo del barrio Papa Francisco, donde intervinieron la Policía Metropolitana, la Federal y la Gendarmería. Repudiamos absolutamente el uso de la fuerza.”

El legislador de NE-FpV José Cruz Campagnoli sostuvo que “nos preocupa profundamente que la política de vivienda del PRO sea justamente ésa, el desalojo. Estamos preocupados por las 500 familias que han quedado a la intemperie. También rechazamos profundamente las opiniones que vinculan el crimen repudiable de Melina con las 500 familias sin techo que vivían en el predio desalojado, asociando pobreza con delito. ¿A alguien se le hubiera ocurrido desalojar el country de Pilar cuando ocurrió el crimen de María Marta García Belsunce?”.