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Por Cecilia Vallina y Carolina Monje

Para terminar con la odisea de ser ilegales y obtener sus permisos de trabajo y residencia, dos inmigrantes argentinos en España apelaron a los oficios de una abogada madrileña, que cobra varios miles de euros para acelerar la aprobación de estos trámites que, por la vía oficial, hubieran quedado demorados por años. La opción que encontraron para sortear las trabas en la entrega de permisos en el Ministerio de Trabajo español es simple: cualquier inmigrante latinoamericano o europeo del Este que logre reunir entre 2 y 3 mil euros y contacte a alguno de los abogados que ofrecen su condición de “influyentes” entre los funcionarios oficiales podrá conseguir que su expediente se apruebe, de esta manera, en apenas dos o tres meses.
Inés F. llegó a Madrid a fines de 1999, desde el barrio de Almagro. Para ella, la única posibilidad de estar legal era obtener un contrato de trabajo y luego, como la mayoría de los inmigrantes, tramitar su permiso de residencia. Lograr lo primero no le resultó complicado y su empleo en un restaurante le permitió iniciar los papeles de residencia. Pero a medida que los meses transcurrían sin novedad las cosas se complicaban.
Después de esperar dos años, la presión de su empleador, que amenazaba con despedirla, la decidió a llamar a la puerta del estudio de una abogada que podría ayudarla a mover su expediente en el Ministerio de Trabajo. “Estaba acorralada. Mi empleador me planteó que si no conseguía mis papeles, me despedía. Yo llevaba más de 20 meses de espera y en el ministerio ni siquiera me daban una fecha probable de aprobación de mi trámite. Me di cuenta de que esos papeles no iban a llegar nunca”, explica Inés.
En esos meses de espera, conoció a otros inmigrantes que habían recibido la oferta de sus empleadores de retenerles dos sueldos para pagar sus permisos. “Me enteré de que contratan a gente sin papeles y pretenden cobrarles por hacer el trámite de la residencia el equivalente a dos meses de trabajo. Empecé a averiguar y un día me dieron el nombre de una abogada que ofrecía sus contactos para acelerar los papeles”, aclara Inés.
Concertó entonces una cita con la abogada y antes del encuentro calculó cuánto dinero podría reunir. “Negocié el precio todo lo que pude porque siempre cobran en función de la apariencia y el lugar de origen. Y los argentinos estamos entre los que más dinero pagan”, relata Inés. Finalmente, el monto acordado fue 1000 euros en dos pagos de 500. Inés ya había iniciado su expediente y eso redujo el trabajo de la abogada. “Todo listo”, le avisaron tres meses después. Ahora ella trabaja en un emprendimiento por cuenta propia y abandonó el empleo de mesera por el que cobraba 600 euros.
A la puerta de la misma abogada llegó Santiago, que tiene 24 años, y decidió emigrar a fines de 2001. Santiago sabía que obtener los permisos por la vía ordinaria era casi imposible y llevaba el dato de que existían maneras de comprar los papeles. Otros argentinos que lo esperaban en Madrid lo orientaron hacia el estudio de la abogada. En su caso, el acuerdo resultó más caro: dos pagos de 1000 euros. Le armaron un contrato de trabajo a medida, falseando un oficio de alta especialización, que garantizaba una rápida aprobación del trámite y despejaba el camino de españoles aptos para la tarea.
“Vine con la decisión de quedarme en Madrid y no quise perder meses esperando algo que podría no llegar nunca. Me sentí obligado a entrar en este sistema corrupto por temor a tener problemas legales y que me deportaran. Dejé mi país para poder trabajar y tener un bienestar y para eso necesito papeles”, justificó Santiago.
En el tiempo que llevan en Madrid, Inés y Santiago conocieron a decenas de inmigrantes que llegaron a España con el propósito de hacer una carrera en una economía menos sofocante que la de su país. La cifra que debieronpagar por acelerar sus expedientes en el Ministerio de Trabajo es más de diez veces superior a la que está estipulada como arancel para un trabajo de gestoría.
El abogado Carlos Slepoy, de la organización no gubernamental Casa Argentina en Madrid, que brinda asistencia legal a los inmigrantes e impulsa campañas de reconocimiento de sus derechos, explicó que “la tramitación de una residencia puede hacerse personalmente o a través de un gestor o abogado, pero en este caso es razonable que quien haga la gestión cobre entre 150 y 200 euros, nunca más”. Para Slepoy, la situación es generada por “la política restrictiva y persecutoria del gobierno español”. “Obtener residencia en España es cada vez más difícil y han surgido entonces quienes prometen conseguirlas sugiriendo especiales contactos o procesos de regularización inminentes y con ello embaucan a la gente necesitada cobrando en muchos casos cifras siderales por residencias que a veces no consiguen o son fraudulentas. En España hay varios presos por esta causa”, afirma Slepoy.
“La desesperación”, como dice Inés, es el motivo que lleva a los inmigrantes a buscar alternativas para sortear los mecanismos que traban su regularización. Por ahora, la única opción que encuentran los que están en la misma condición que ellos es recurrir a los servicios pagos de los abogados y funcionarios que pueden conseguir la firma que los pondrá del lado más seguro de la línea, donde son legales.