El miércoles, Natalia Gherardi fue una de las miles de mujeres que rodearon el Congreso para decir #Ni una menos. “La marcha fue muy emocionante porque mostró un importantísimo grado de compromiso de la sociedad en general, con la erradicación de la violencia. Caminé mucho durante la marcha, tratando de observar a las personas, sus grupos, sus comentarios, sus carteles. Me emocionó ver mujeres y varones de muy diversas edades, llegando desde ámbitos y experiencias seguramente distintas pero reunidos en una manifestación común contra la violencia”, contó a este diario.

Gherardi se graduó como abogada en la UBA en 1994, en una época en la que encontrar materias o enfoques distintos de la formación dirigida al abogado “tradicional” era prácticamente imposible. Y era inimaginable una mirada de género al interior del análisis del derecho, de su aplicación o de su práctica. Una beca del British Council le permitió pasar un año estudiando una maestría en Londres, y descubrir otra manera de pensar el derecho, de vincularlo con las políticas públicas y la potencialidad del trabajo desde una perspectiva feminista. “Volví a Buenos Aires con avidez por descubrir todo ese mundo que sin duda existía, pero que yo no había sabido encontrar antes. Así fue como me vinculé con personas sumamente valiosas que muy generosamente me fueron abriendo caminos, como Haydée Birgin y Laura Pautassi”, recuerda Gherardi, a Página/12.

En 2003, junto a un grupo de colegas con distintos recorridos profesionales, académicos y diversas inserciones laborales, participó en la formación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, “con la convicción de que había un espacio que merecía ser expandido: el trabajo por los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista y de derechos humanos”, destaca. Cinco años más tarde asumiría la dirección ejecutiva de la entidad, que en estos años creó un Observatorio de Sentencias Judiciales para Argentina y para la región, hizo las primeras investigaciones sobre el impacto del tema de la violencia en los medios de comunicación, investigó sobre las dificultades de acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia, elaboró un Indice de la Participación de las Mujeres (IPM) en el primer estudio amplio de la participación de las mujeres en espacios de poder –llamado “Sexo & Poder, ¿quien manda en Argentina?”–, en el que relevaron más de 13.000 puestos de máxima decisión en todo el país para probar que las mujeres no ocupaban (en 2010) más que el 2 de cada 10 puestos de máxima decisión. Además, ELA promovió la incorporación del cuidado a la agenda política, “al entender que finalmente la injusta distribución social del cuidado –que recae casi exclusivamente en las mujeres–, profundiza otras desigualdades socioeconómicas y tiene efectos adversos en otros ámbitos de la vida, como las posibilidades de insertarse en la vida social, económica y política en condiciones de igualdad, y en muchos casos profundizando también la vulnerabilidad en situaciones de violencia”, detalla.

–Creo que hubo sin duda un efecto importante por las historias y los rostros de las niñas, adolescentes y mujeres que fueron asesinadas en los últimos meses. De alguna manera, hubo un efecto de saturación y hasta de incredulidad sobre la dimensión que parecía tomar el tema: ya no sólo en el silencio de la intimidad de las casas, en un lugar poco habitado o en la noche hay peligros para las mujeres, sino también en el aula de un jardín de infantes y hasta en un bar céntrico lleno de personas. Creo que la incredulidad se fue transformando en indignación y en la necesidad de expresar organizadamente la demanda por una respuesta hacia los poderes del Estado que tienen responsabilidades y obligaciones muy concretas.

–Espero que el estupor se transforme en acciones concretas. Claramente, de maneras distintas para los diversos sectores. El Estado tiene la obligación no sólo de poner en marcha los dispositivos que establece la Ley de Protección Integral, coordinando adecuadamente las competencias de los distintos poderes y las diversas jurisdicciones, sino que además tiene la obligación de la rendición de cuentas, un ejercicio bastante poco habitual en nuestro país. Como sociedad, por otra parte, tenemos la obligación de sostener una reflexión profunda sobre las formas en que se van consolidando las condiciones estructurales de la discriminación contra las mujeres, que luego se expresa en la forma de violencia. No alcanza con sólo condenar el femicidio si no se cambian las condiciones estructurales que llevan a que ese femicidio suceda.

–Los medios de comunicación tienen también una enorme responsabilidad que por lo pronto se traduce en la necesidad de abordar el tema con seriedad de manera integral: no alcanza con publicar buenas notas cubriendo los femicidios si unas páginas más atrás, o más adelante, se sostiene un análisis estereotipado de las niñas y adolescentes, si se desinforma en relación con el derecho al aborto legal, si se cosifica a las mujeres y se trivializan los planteos del feminismo.