Desde Costa do Sauípe

Detrás de una prenda confeccionada en Bangladesh, que se vende en un shopping argentino, está la historia de miles de trabajadoras textiles explotadas por fábricas textiles. La situación que enfrentan, fue relatada por Nomita Nath, una joven de 28 años, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajdorxs Independientes de la Indumentaria en ese país –que incluye a 48 gremios asociados–. Nomita contó cómo se están empezando a organizar para luchar por sus derechos, después de que en 2013 murieran 1353 de ellas, cuando colapsó un edificio donde eran explotadas laboralmente. El testimonio de Nomita impactó por su crudeza en el 13ª Foro de AWID. Expuso en una de las mesas, donde se planteó como eje “la construcción de alianzas para poner fin a la violencia de género en el mundo del trabajo”. Nomita señaló que la industria textil en Bangladesh es la más grande exportadora del mundo y emplea a un 80 por ciento de mujeres, que no encuentran mejores opciones para ganarse la vida. “Prefieren contratar mujeres porque son más sumisas. Ganan un 20 por ciento menos que sus compañeros varones. Los supervisores no las respetan y usan lenguaje abusivo contra ellas con frecuencia. Son sometidas a largas jornadas laborales. Deben trabajar en condiciones ergonométricas inadecuadas. Muchas pierden la visión o la audición, sufren asma, entre otras dolencias. Cuando llegan a los 40 años son obligadas a abandonar las fábricas, y después de 20 años de su vida trabajando en una máquina de coser, se tienen que buscar otra forma para sobrevivir”, describió. Pero dio un mensaje esperanzador: “Estamos organizando eventos globales para eliminar la violencia en el ambiente laboral”, apuntó. Y pidió que otros actores levanten esa demanda a favor de las trabajadoras de Bangladesh.

En el mismo panel, Julia Perkins, de la Coalición de Trabajadores Inmokokee (CIW, por su sigla en inglés), una organización de trabajadores agrícolas de esa localidad de Florida, contó la experiencia exitosa que vienen desarrollando para mejorar las condiciones laborales de los cultivadores de tomate. De Inmokokee provienen la mayoría de los tomates que son consumidos en Estados Unidos, apuntó. El proyecto de “comida justa”, logró en los últimos 16 años, que 14 firmas, entre cadenas de comida rápida como Taco Bell, supermercados como Walmart y proveedores de hospitales, compren los tomates a quienes respetan una serie de normas de calidad en el empleo que ellos elaboraron y que incluye que se garantice que las y los agricultores no sufran acoso sexual, ni trato inhumano, tengan protección social y reciban salarios justos. Además, los compradores pagan un centavo más por libra de tomate que va directamente al sueldo del trabajador. En la industria del tomate trabajan alrededor de 30 mil personas en La Florida, de las cuales el 20 por ciento son mujeres.