La causa judicial estuvo hasta mayo en manos del juez federal Sebastián Casanello, que mantuvo diálogo directo con los vecinos y solicitó medidas de prueba (incluso con reconocidos peritos internacionales). Pero la Corte Suprema de Justicia separó al magistrado de la investigación y la derivó al juez de Jáchal, Pablo Oritja. “La causa está durmiendo desde que volvió a la provincia”, resumió Saúl Zeballos, de la Asamblea. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas y que acompaña a los vecinos, cuestionó al máximo tribunal: “La causa avanzaba rápido, incluso Casanello estaba por decidir sobre el cierre de la mina, pero intervino la Corte Suprema, mandó la causa a la complaciente justicia de San Juan y así garantizó la impunidad de Barrick Gold”.