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En la vida de los pueblos y de las personas no es infrecuente que la historia se repita. Menos frecuente es que la repetición se produzca como tragedia. Hace muchos años que, con el mismo carácter emergencial y espasmódico con que se hace y comunica todo lo relacionado con el tema de la seguridad, surgen picos de alarma social relacionados con la presencia de menores de edad en comisarías. En comisarías de adultos se entiende como ocurre en la provincia de Buenos Aires, porque con las “Comisarías del Menor” de la Ciudad, si nos atenemos al silencio reinante, parecería estar todo bien.
Casi como en un parlamento de esas viejas obras de Agatha Christie que están en escena hace más de 50 años, cada vez que, por motivos muchas veces insondables, surge la alarma social, unas voces expresan su preocupación y otras se apuran a prometer el inmediato fin de tamaña ignominia. En esta última ola de preocupación que asola a la provincia de Buenos Aires, hay mucho de viejo y un poco de nuevo. Lo nuevo es que de la misma forma en que ya resulta irreversible en la conciencia social el hecho que la corrupción policial constituye un elemento decisivo de la inseguridad, comienza a quedar claro que el alojamiento de “menores” en comisarías no sólo es violatorio de cuanto pacto el país ha suscripto en materia de derechos humanos sino que también es absolutamente innecesario. Más del 80 por ciento de los “menores alojados” en comisarías o en institutos, ya que la diferencia está en el orden de llegada (grotesco eufemismo “alojados” para designar a la privación de libertad), no deberían estar en una institución mejor sino que deberían estar en su casa, en la escuela o en los hoy inexistentes programas de iniciación profesional. Así lo han declarado insistentemente estos días los responsables del sector social en la provincia. Lo curioso en esta polémica desatada entre las autoridades del área social bonaerense y los jueces de menores es que no se mencione con claridad que la decisión judicial de utilizar las comisarías primero y los “institutos” después, como una forma reforzada de política social, descansa en las disposiciones legales de carácter nacional que emanan de ese otro cadáver insepulto que es la Ley Agote 10.903 de 1919, derogada por la Constitución Nacional de 1994, pero fuente real hoy de casi todas las decisiones judiciales. Curiosamente de ninguno de los dos lados de la polémica, se ha escuchado nada acerca de entender la reforma legal a nivel nacional, como condición sine qua non aunque no suficiente para la resolución del problema.
Hace más de un siglo, cuando la única diferencia que el derecho penal retribucionista concedía a los menores de edad era la reducción de la condena en un tercio, en relación con los adultos, voces tan moralmente indignadas como las de hoy se alzaron para denunciar dicha atrocidad. Pero esta indignación se dio en los moldes de la ideología dominante: el positivismo. Para dar una respuesta adecuada (es decir, científica en la época) se trataba de estudiar al menor para diagnosticarlo. Para ello había que observarlo y para ello había que encerrarlo. La indignación moral no se dirigió entonces contra el encierro sino contra la promiscuidad que significaba el alojamiento de los menores en las mismas instituciones que los adultos. Así, se “sacó” a los menores del derecho penal de los adultos. En realidad, se los sacó de las garantías de este derecho (proporcionalidad, duración limitada en el tiempo, debido proceso, etc.), pero no de todos y cada uno de los sufrimientos reales que el mismo implicaba.
Un siglo después y por lo menos en forma diáfana, si nos atenemos a los dichos de una de las voceras corporativas de los jueces de menores, el objeto central de la indignación no vuelve a ser el encierro sino la promiscuidad. Más aún, en una forma donde la irresponsabilidad linda peligrosamente con la incitación al genocidio, esta vocera pareció justificar en estos días la privación de libertad sin causa para evitar, supuestamente, la acción de los escuadrones de la muerte. Ninguna denuncia formal contra estos escuadrones. Enterrado el positivismo y con él la fe ciega en el progreso, la legitimidad del encierro se desplazó en un siglo, de la respuesta científica al cinismo de incapacitar preventivamente a los pobres para que no cometan delitos en la vía pública.
Entre las dos Cámaras y considerando los dos temas centrales objeto de la reforma, la responsabilidad penal de los adolescentes y el reordenamiento de las políticas sociales para la protección integral de la infancia, más de 30 proyectos se debaten hoy en el Congreso. Sin embargo, este “debate” sólo parece responder a la urgencia mediática, que invariablemente surge con cada hecho grave atribuido a un adolescente. Pasada la presión, diputados y senadores se olvidan del tema. El ambiguo y desteñido proyecto de ley de “Protección” que hace muy poco obtuvo tibia aprobación en Diputados, en nada incide de forma directa en esta problemática de carácter penal. Por otra parte, el desconocido proyecto de reforma legal que a nivel de la provincia de Buenos Aires posee hoy estado parlamentario, pero del cual nadie en la sociedad conoce su contenido, tampoco en prácticamente nada puede cambiar las reglas del juego que están en el origen de esta catástrofe. Los problemas de fondo son materia legislativa nacional. Desaparecido el proyecto de responsabilidad penal juvenil que impulsó el gobierno nacional con ocasión de la crisis de seguridad del mes de abril de este año, quedan hoy como alternativa razonable para la discusión un interesante proyecto de ley con origen en el Senado nacional de autoría de los senadores Vilma Ibarra y Jorge Yoma y algunos proyectos similares en Diputados, impulsados entre otros, por Laura Musa y Víctor Fayad.
En este contexto, si las autoridades responsables no asumen, como lo hacen con cualquier tema que consideran importante, un claro liderazgo y no colocan el tema de la reforma legal de fondo como condición imprescindible para enfrentar con seriedad el problema, el mero aumento de los cupos de privación de libertad en lugares no promiscuos, probablemente retardará, pero con seguridad, también aumentará la onda explosiva del próximo estallido.
* Fundación Sur-Argentina.