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Alcira Daroqui, licenciada en Sociología de la UBA, es académica pero forma parte del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Es autora del libro La niñez ajusticiada y de numerosos trabajos de investigación sobre la población carcelaria y violencia institucional, producidos desde su entrenamiento como investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Es integrante de la cátedra Delito y Sociedad, de la carrera de Sociología de la UBA. Coordina, además, esa carrera en el Programa UBA XXII Universidad en las Cárceles y forma parte como docente de la Maestría de Criminología de la UNLZ. La definen como garantista. Y es una de las que cuestiona las últimas declaraciones del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, sobre la detención de menores en la provincia. Aquí explica los motivos.
–Usted tiene tradición de garantista. Cafiero les ha dicho a los jueces que encierran a los menores porque son pobres.
–En términos de la justicia, la ley que hay ahora es absolutamente antigarantista y hay que modificarla. Que desaparezca la Ley de Patronato y que se otorguen las garantías procesales en los procesos penales de los menores. De eso, ni hablar. Desde el punto de vista asistencial, las garantías deberían estar cubiertas por otras áreas, pero cuando se vulneran los derechos de los chicos en forma grave debe intervenir también la justicia. El sistema debería ser reducido, y no como ahora, donde existe una competencia omnímoda de la justicia de menores.
–Según Cafiero, el 90 por ciento de los chicos institucionalizados están allí por causas asistenciales. ¿Los jueces persiguen a los pobres?
–Es probable que un gran porcentaje no debería estar internado, pero no me animaría a hablar del 90 por ciento. No existe una caza de brujas de parte de los jueces, no sé si porque no “quieren” o porque simplemente “no pueden”. Muchos de los chicos que están internados lamentablemente llegan por problemas que trae su propia familia. En los casos asistenciales, la policía no sale a buscarlos. Hay una red institucional que los deriva a los juzgados de menores: hospitales, escuelas, pero gran parte vienen desde los “usuarios”, desde sus propias familias. Es probable que si hubiese una red de recursos institucionales intermedia, esos casos no llegarían a la justicia.
–El juzgado o la comisaría del barrio parecen referentes más cercanos que otras instituciones del Estado, dice usted en un estudio.
–Exacto. Cuando existen situaciones de conflicto en el marco de la pobreza, casos de violencia, droga, conflictos familiares severos, la gente lamentablemente recurre a la comisaría o al juzgado porque objetivamente son los “recursos” que tienen más cerca. Es inútil, pero lo hacen. La Justicia no resuelve gran parte de esos problemas. Pero eso no se soluciona con hacer desaparecer los juzgados. Los juzgados de menores no deberían existir o deberían existir residualmente si toda una serie de instancias previas trabajaran para que ningún chico llegue a un juzgado. Por otra parte, no es sólo un problema de la institucionalización, sino que el sistema penal, es decir la policía y la Justicia, persigue siempre a los mismos. Hayan pasado o no por institutos de menores.
–Los pobres.
–Sí, pero el problema es más complejo en cuanto al tema asistencial: los judicializados parecen muchos pero en realidad son una porción pequeña en la provincia. ¿Cuántos pibes hay judicializados y cuantos con NBI? Esto de que se judicializa la pobreza es inexacto. Se judicializa una pequeña porción, los efectos más perversos de la pobreza. Porque si judicializara a la pobreza, hay que decirle a Cafiero que no tiene a 15 mil pibes sino tres millones de pibes. Y no tenemos recursos suficientes para atender semejante problemática: la judicializada y la no judicializada. El quiebre del Estado de los últimos 20 años tiene consecuencias. En los últimos 15años, lo único que se crearon fueron juzgados de menores. Y no se crearon políticas públicas de la infancia. Para responder a los principios de la convención no es suficiente modificar una ley, hay que garantizar los derechos de los chicos con políticas públicas que se ocupen de ellos y reduzcan su estado de vulneración. ¿Por qué crearon juzgados con recursos que no dio la Corte sino el Ejecutivo? ¿Por qué lo permiten hoy?
–¿Su hipótesis cuál es?
–Existe una porción de la pobreza que requiere ser controlada y requiere ser disciplinada, entonces existen los juzgados. Por eso me llama la atención que el presidente de Unicef felicite a Cafiero cuando a él o a cualquier ministro debería interpelarlo para preguntarle cuáles son las políticas públicas para la niñez y la adolescencia que garanticen el ejercicio de sus derechos en términos de recuperar la dignidad de ellos y sus familias y cumplir con la Convención de los Derechos del Niño.
–La provincia tiene becas y partidas especiales para los municipios.
–Eso es insuficiente y poco consistente en término de políticas de desarrollo y promoción de derechos. Abordemos el problema de la pobreza y la niñez y adolescencia pobre con más seriedad que una disputa entre intereses corporativos.