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Mientras en la Argentina el debate sobre el aborto asoma en la sociedad, en Uruguay y en Brasil ya avanza en el ámbito legislativo y gubernamental. En Brasil, la secretaria especial de la Presidencia sobre Políticas de la Mujer, Nilcea Freire, acaba de anunciar la intención del gobierno de revisar la legislación vigente: el tema se discutirá en una comisión que se creará a partir de enero con representantes del Ejecutivo, el Legislativo y organizaciones de la sociedad civil. La ley vigente desde 1940 permite la interrupción voluntaria del embarazo sólo en casos de violación y cuando corre riesgo la vida de la madre. En esas situaciones puede ser realizado en hospitales públicos.
En Uruguay la despenalización del aborto es una de las máximas prioridades del próximo año legislativo. Los legisladores del Frente Amplio electos en los últimos comicios acordaron reimpulsar el tratamiento de un proyecto de ley de salud reproductiva, que incluye la despenalización del aborto. Esta iniciativa tenía media sanción de Diputados y quedó cajoneada en abril en el Senado. El panorama se presenta favorable para la sanción de la ley ya que a partir del año próximo el FA tendrá 17 de los 31 senadores y 56 de los 99 diputados. Aunque el electo presidente Tabaré Vázquez se proclamó en contra de la despenalización, dijo que apoya la realización de una consulta popular sobre el tema.
En Brasil el debate subió de tono en los últimos meses cuando el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), Marco Aurelio de Mello, autorizó el aborto en un caso de anencefalia. Este fallo provocó la protesta de la Iglesia Católica y fue revocado por la propia STF, pero deberá ser revisado en sesión plenaria.
La iniciativa de la revisión de la ley que criminaliza el aborto fue discutida ya con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de confesión católica, y es una de las prioridades del Plan Nacional de política para las mujeres lanzado el miércoles, según destacó Freire. “Debemos asegurar atención a las mujeres que tienen el derecho legal de abortar, pero también a todas las que han abortado clandestinamente por razones que no nos compete juzgar”, añadió. “Sólo queremos abrir la discusión”, indicó. La Orden de los Abogados de Brasil apoyó la iniciativa. “Será una discusión democrática dentro de la sociedad, que estará por encima de manifestaciones irracionales”, señaló la entidad en una carta firmada por su presidente, Aristóteles Atheniense.