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Cualquiera esperaría que fueran una bolsa de gatos. De los 21 integrantes del cuerpo de delegados del subterráneo porteño, siete son militantes desencantados de los partidos de izquierda, dos pertenecen al PO, dos provienen del sindicalismo ortodoxo de la UTA, uno es del Movimiento Socialista de los Trabajadores. El resto son peronistas e independientes. ¿Cómo pudo sobrevivir en la Argentina esa mezcla, que nos tenía más acostumbrados al cortocircuito que a la unidad? La dirección del sindicato telefónico no se queda atrás. Su secretario general, Osvaldo Iadarola, es miembro de la CGT de Hugo Moyano; el segundo, Claudio Marín, de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), mientras que el secretario de prensa, Sergio Sosto, es del Partido Obrero.
Sin embargo, telefónicos y trabajadores de subte se revelaron en estas semanas como exponentes de una nueva conflictividad. Pararon y, con métodos infrecuentes –tomas de edificios, bloqueos en las vías, escraches– ganaron un aumento a los grupos económicos más poderosos del país. Son la novedad del estropeado mundo del trabajo. Vienen de lentos y poco visibles procesos de organización interna.

Telefónicos

La Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra Buenos Aires) es un caso distinto. Por empezar, se trata de un sindicato con fortaleza institucional, no de un cuerpo de delegados.
En la conducción conviven tres sectores: un bloque peronista, un frente CTA-PO y la agrupación Nueva Propuesta Telefónica, donde hay socialistas, radicales, intransigentes, etc. Se unieron en el ‘97 como oposición a Julio Guillán, dirigente que en los ‘90 se convirtió al menemismo.
¿Hay hoy características nuevas en la vida sindical?, pregunta Página/12 a Claudio Marín (CTA). “Sí. Por ejemplo, en el rol que tiene ahora el plenario de delegados”, dice él, y de inmediato se corrige: “Bueno, no inventamos la pólvora, esto estuvo siempre, aunque creo que hoy está jugando un papel nuevo. Porque el plenario no es una formalidad sino que tiene contenido político real”.
Frente a la pregunta, Osvaldo Iadarola (CGT) se sumerge en las mismas dudas. De 57 años, iniciado a la política en los tiempos de la resistencia peronista, lo nuevo le trae el recuerdo de otros tiempos. “Hay más participación, pero me cuesta verlo como una novedad. Ahora, por ejemplo, tenemos una camada de jóvenes, los que entraron a las telefónicas como pasantes. Pero en la CGT de los Argentinos también había pibes, había estudiantes. Y antes también hubo divisiones, como ahora. La CGT y la CGT de los Argentinos, las 62 Organizaciones y las 62 de Pie... Lo que me parece es que se involucionó mucho con el golpe del ‘76 y con el gobierno de Menem”.
Lo que es claro es que ha aumentado el número de militantes. Foetra tiene 7 mil representados. Marín calcula que el 10 por ciento son activistas: hay 350 delegados y otro tanto participa de la vida gremial.
En el edificio Costanera de Telecom, Carlos Artacho, veinteañero e integrante de la nueva camada de delegados, ensaya una explicación: “En otros gremios, la conducción impone al cuerpo de delegados. Aquí son elegidos por el voto y todo el mundo está habilitado para votar, no hace falta ser afiliado para hacerlo. Eso, y las luchas de los últimos años recompusieron la confianza”.

Más militancia

Como en el caso de los subtes, los telefónicos han dado batallas fuertes con poca visibilidad. Lo primero que aprendieron es que Telefónica y Telecom se movían en forma pendular: “Primero nos golpeaba una y cuando nos recomponíamos nos golpeaba la otra. Si Telefónica mandaba 200 despidos, cuando terminaba ese conflicto nos llegaban los telegramas de Telecom”, dice Iadarola.
En el 2001, el gremio se hizo cargo de la situación de los pasantes. Los ayudó a organizarse y acompañó una serie de conflictos con escraches y tomas de edificios, que se ganaron, y por los que en la actualidad no hay precarizados.
En el último plan de lucha, con el que ganaron el aumento del 20 por ciento, combinaron varias modalidades de reclamo. Largaron con asambleas en el lugar de trabajo, luego hicieron una gran movilización y finalmente un día de cortes de calle. “Pero la medida principal fue la permanencia en el lugar de trabajo. Hacíamos asambleas con las que fortalecimos a la gente y a la vez le dijimos a la empresa ‘miren que estamos en los lugares de trabajo, que este lugar es un espacio nuestro’. No era una toma, pero tampoco dejaba de serlo. Eso desesperó a las empresas y llevó a Telefónica a cometer un gran error, porque militarizó el conflicto. Intentaron meterse en el edificio República con gente armada y de civil. Fue un elemento que desequilibró la pelea a nuestro favor, porque políticamente la empresa quedó muy descolocada”.
“Ahora, si uno lo piensa bien, lo que hicimos no fue otra cosa que retomar la vieja huelga de brazos caídos, en lugar de hacer un paro dominguero. ¿Es nuevo? No es nuevo, pero se está aplicando con otra participación y en otra coyuntura política. Se puede hacer si tenés una cantidad de activistas que lo banquen, porque si no la empresa te quiebra, va y le dice a la gente ‘vos laburás’ y te destroza”.

Subtes

Para contar la historia de los subtes es necesario remontarse diez años atrás, al período que va del ’94 al ’97, cuando la vida gremial en Metrovías estaba regida por el miedo a perder el empleo. Los despidos eran una medida frecuente del grupo Roggio, hasta que un paro dio vuelta la situación.
Fue en febrero del ’97. En los años iniciales del desembarco de la concesionaria, algunos habían intentado mejorar las condiciones de trabajo, sin suerte. “Armábamos agrupaciones clandestinas, éramos grupos que muchas veces ni nos conocíamos entre nosotros”, cuenta Roberto Pianelli. Recién después de tres años un despido en una línea fue rechazado con una medida de fuerza masiva. Los cinco ramales del subte se paralizaron. Sorprendida por la situación, Metrovías mandó más de 200 cesantías, pero el paro se mantuvo y la empresa tuvo que retirarlas. También reubicó al despedido en otro puesto.
El episodio significó un quiebre en la vida interna. “A partir de ahí la empresa no pudo seguir utilizando los despidos como herramienta para atemorizar. Tuvieron que adecuarse al hecho de que si mandaban un telegrama, lo más probable era que pararan las cinco líneas y se consiguiera la reincorporación”, dice Pianelli.
La novedad estaba vinculada a la renovación del cuerpo de delegados, un proceso que se dio en oposición a la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor. En el ’96 había sólo 3 delegados dispuestos a impulsar reclamos. En el ’98, luego de frenar los despidos, eran cinco.
Una de las tareas de los delegados rebeldes fue la de vincular a la gente: en Metrovías están desperdigados a lo largo de las estaciones, los talleres y el premetro, por lo que es natural que los trabajadores no se crucen. Los delegados van por las estaciones haciendo circular la información y se apoyan en la realización de asambleas para lograr consensos. Hacen reuniones por línea y también por sectores.

Dos frentes

¿Cuándo empezaron a tirarse a las vías para bloquearlas? Ya en el ’97 lo probaron, aunque el método quedó en el congelador porque la Justicia abrió procesos penales contra los manifestantes. Durante un tiempo trataron de llamar la atención sobre el problema de estar en los túneles, donde el oxígeno es escaso y el ruido de las máquinas perjudicial. Hicieron algunas acciones de propaganda: un día, por ejemplo, todo el mundo fue a trabajar con barbijo. Consiguieron cosas menores, como que la empresa pusiera bidones de agua potable para el personal.
En el 2000 los delegados rebeldes ya eran mayoría. Ese año tuvieron la primera pelea no para defender el empleo sino por derechos laborales. Los Roggio intentaron sacar el puesto de guarda en los vagones; hubo un paro de una hora, a consecuencia del cual la firma despidió a 300 personas. También por primera vez el conflicto tuvo de manera abierta dos frentes: los empresarios y la burocracia de la UTA, ya que el cuerpo de delegados rechazó el acuerdo entre el sindicato y la empresa.
Con la huelga y los 300 telegramas, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria. Metrovías y los dirigentes de la UTA se encontraron en el Ministerio de Trabajo. “Nos metimos de pecho en la reunión. Adentro estaban Funes de Rioja (el abogado de la Unión industrial) y otros representantes de Metrovías. Me acuerdo de que tenían unos celulares minúsculos, último modelo, y nosotros andábamos con un ladrillo. Teníamos la barba crecida, veníamos de pasar la noche sin dormir. Lo encaramos a Funes de Rioja: ‘Vayan comprando el casco, porque cuando termine la conciliación obligatoria les quemamos la empresa’. Los tipos nos miraban horrorizados”, recuerda Pianelli.

Diez años

A principios del 2002 presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para declarar insalubre el trabajo en los subtes y reducir la jornada laboral a 6 horas. Eran los meses del piquete y cacerola, y los del subte aprovecharon el río revuelto. Pocos legisladores podían andar por la calle sin ligarse un escrache, por lo que no fue extraño que los diputados (incluso algunos conocidos por sus posturas conservadoras) aceptaran gustosos una invitación para recorrer los túneles, rodearse de trabajadores e incluso hacer del proyecto una causa propia.
La Legislatura sancionó la ley, pero el jefe de Gobierno porteño la vetó. Una nueva sesión intentó ratificarla, sin alcanzar los dos tercios de los votos necesarios. Ese día pasaron por la sesión 800 trabajadores. Hubo incidentes y desde entonces sólo se puede entrar al recinto con una invitación especial. El camino legislativo quedó cerrado, por lo que presentaron una denuncia para que la Policía del Trabajo comprobara que las condiciones eran insalubres.
En los meses siguientes, los técnicos bajaron a los túneles subterráneos a hacer mediciones de ruido y de oxígeno. Podría parecer un trámite en el plano de lo estrictamente científico, pero en los hechos requirió de una nueva movilización interna, porque los trabajadores dicen que más de una vez la empresa mandaba a apagar las máquinas en el momento de la medición y había que negarse, o mandaba a la gente a su casa el día en que tenía que ser sometida a una audiometría. Finalmente, los exámenes mostraron que las condiciones eran insalubres y la jornada laboral fue reducida a seis horas. Habían pasado 10 años desde los primeros planteos.
En septiembre se realizaron las últimas elecciones, que los delegados rebeldes ganaron con el 80 por ciento de los votos.
El martes pasado, cuando los trabajadores del subte volvieron a tirarse a las vías para frenar la salida de un tren, habían tomado varias decisiones. En principio que sólo se arriesgarían los delegados, para acotar el problema de las denuncias penales. En segundo lugar, en los lugares críticos estuvieron acompañados por dirigentes de otros gremios ypor piqueteros. Aunque algunas interpretaciones ligeras tratan de mostrar a los trabajadores corriendo de la escena a los desocupados, la verdad es que en los gremios hace rato que se están probando políticas de unidad.
Hay una muestra con los trabajadores del subte, quienes lanzaron una campaña nacional por la reducción de jornada laboral como respuesta a la desocupación. La campaña plantea que con una jornada legal de seis horas se pueden generar inmediatamente dos millones 500 mil nuevos puestos de trabajo. En el proyecto están trabajando junto a organizaciones de desocupados, con las que hacen tareas de difusión, yendo a universidades o a un barrio para explicar la propuesta. En Metrovías, cuando los 1200 empleados pasaron a cumplir seis horas, la empresa debió crear 500 nuevos puestos.