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Familiares de las víctimas de República Cromañón rechazaron mayoritariamente las indemnizaciones propuestas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por un lado, y por legisladores del macrismo, por otro. El punto más cuestionado es que la aceptación del beneficio implica la renuncia a iniciar una denuncia civil contra el estado porteño. No obstante, voceros oficiales aclararon que esto no impide ejercer acciones civiles contra los funcionarios presuntamente involucrados en la tragedia. Algunos rechazos de los familiares se fundamentan en cuestiones éticas: dicen que si aceptan el dinero luego no podrían participar de las marchas; otros lo quieren cobrar, pero luego de un proceso judicial, y algunos cuestionan la cifra ofrecida. Ambos proyectos ofrecen 300 mil pesos para los herederos de las víctimas mortales, 180 mil para los heridos gravísimos, 100 mil para los graves y 50 mil para los leves. Anoche, el jefe de gabinete porteño, Raúl Fernández, aclaró que la oferta “no tiene nada que ver con la causa penal, que transita por un carril distinto: es una reparación en el corto plazo”.
“La vida de mi hijo no tiene precio. Y si para cobrar un (monto) estimativo tengo que renunciar a los derechos de iniciar acciones civiles y penales contra los que tienen que estar presos, no lo voy a aceptar de ninguna manera”, afirmó a Página/12 Nilda Gómez, la mamá de Fernando, uno de los jóvenes muertos en Cromañón. Sin embargo, admitió que “si el proyecto sale de la Legislatura tendría un poco más de aval”, pero insistió en que ella no aceptará ninguna indemnización “aunque la decisión de aceptarlo aun con esa condición es algo muy personal”.
José Iglesias, el abogado que perdió a su hijo en el incendio, opinó que “a pocas semanas de la tragedia, hablar del precio de la vida de los que murieron es una inmoralidad”. En diálogo con este diario, el hombre lanzó duras críticas: “Este ofrecimiento es una inmoralidad, un soborno con el cual se pretende acallar a los familiares ofreciéndoles plata que sale del bolsillo de las propias víctimas porque es del Estado”. En la misma línea, sentenció que el proyecto que baraja la Legislatura porteña sobre indemnizaciones similares “es tan repulsivo como el que hizo el Gobierno”.
En otra posición se ubicó Marcelo Ruzyckyj, papá de Agustina, fallecida después de estar diez días en terapia intensiva: “No sé si la propuesta está bien o mal. Estimaba que se iba a tirar el tema para sondear la reacción de la gente. Creo que las que van a adherir son las familias más necesitadas. Tal vez otros lo cobren y donen el dinero para alguna causa o se compren otra casa para superar la pérdida del ser querido. A mí en ningún momento se me cruzó saber cuánto era lo que valía esto que pasó. En casa todavía estamos de duelo, con tratamiento psicológico. No tocamos ni el tema del juicio”.
Por su parte, Mariana Márquez, madre de Liz, fallecida en el incendio, calificó el ofrecimiento de “un soborno explícito” y analizó que el hecho de que la idea haya surgido del mismo Aníbal Ibarra indica que “él se está reconociendo como responsable” de lo ocurrido en el boliche. La mujer es miembro de la flamante Comisión de Padres de Víctimas de Cromañón de La Matanza, que agrupa a unas 20 familias, y afirmó rechazan tanto la propuesta del Gobierno como la de la Legislatura.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.