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El obispo castrense, señor Antonio Basseotto, no tuvo mejor idea para resolver sus diferencias de opinión con el ministro de Salud González García sobre la despenalización del aborto que proponer atarle al cuello una piedra de molino y tirarlo al mar. Semejante barbaridad nos trajo a todos el triste recuerdo de los vuelos de la muerte, cuando oficiales de la Armada Argentina tiraban a los detenidos desaparecidos al mar, con un peso atado al cuerpo, y antes de partir obtenían la bendición del capellán de la fuerza, tal como surgiera de las confesiones del ex capitán Scilingo.
El vicariato castrense –desde 1992 obispado– tiene una nefasta historia en nuestro país. Surgió de un acuerdo entre el gobierno de Aramburu y el Vaticano en 1957, para “proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas de la Tierra, Mar y Aire, según su tradición desde los orígenes y sus anhelos”. La expresión usada ya nos indica la ideología que animó el acuerdo: las Fuerzas Armadas son por tradición católicas, cuando en realidad en un país laico deben ser laicas y sus integrantes pueden adscribir a cualquier religión o a ninguna.
Nos hallamos decididamente ante un resabio del viejo nacionalismo católico que tanta influencia tuvo en las dictaduras militares y varios gobiernos civiles, para el cual la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado y la nacionalidad se asienta sobre la base de la alianza entre el Ejército y la Iglesia, la espada y la cruz. Son quienes implantaron la educación religiosa en las escuelas en la década del ’30 y combatieron la ley 1420, emblema de la educación laica, gratuita y obligatoria.
No es casualidad que desde el vicariato castrense, el provicario monseñor Vitorio Bonamín haya saludado en septiembre de 1975 “a todos los hombres de armas aquí presentes purificados en el Jordán de la Sangre, para ponerse al frente de todo el país”, para luego agregar: “El Ejército está expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?”, una verdadera convocatoria al golpe de Estado que finalmente se asestó en marzo del año siguiente.
El terrorismo de Estado implantado por Videla, Massera y compañía tuvo un activo apoyo del vicariato castrense, ejercido en ese momento por monseñor Adolfo Servando Tortolo, quien dijo del Operativo Independencia, llevado a cabo por Bussi en Tucumán, que había sido limpio y eficaz. Bonamín, para no ser menos, agregó: “La patria rescató en Tucumán su grandeza mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales y la grandeza se salvó gracias al Ejército Argentino. Estaba escrito en los planes de Dios que Argentina no iba a perder su grandeza y que la salvaría su natural custodio: el Ejército”.
A Tortolo lo sucedió monseñor José Miguel Medina, y secretario privado de ambos fue el Capellán Emilio Graselli. Medina y Graselli figuran en el informe de la Conadep como encubridores y colaboradores de la represión, según numerosos testimonios de las víctimas.
Como se advierte, la historia del vicariato castrense no puede haber sido más nefasta en nuestro país. No en vano, Menem, quien indultó a Videla, Massera y demás criminales de la dictadura, lo elevó al rango de Obispado en reconocimiento a sus méritos.
La Argentina no puede seguir soportando este tumor que contamina a los oficiales de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad con una ideología negadora de los más elementales derechos humanos. Se torna imprescindible recurrir a un gran remedio para un mal tan grande. Y el remedio no es otro que la supresión del Obispado castrense, el cese inmediato del obispo, obispo auxiliar y todos los capellanes de las tres armas y fuerzas de seguridad. E imponer en las mismas el laicismo como norma para todos sus actos. Las Fuerzas Armadas no deben tener religión.
Es por ello que he presentado un proyecto de ley para denunciar el Acuerdo con la Santa Sede de 1957 que creara el Vicariato Castrense, prohibir los oficios religiosos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y garantizar la más plena libertad de cultos –que incluye la de no practicar ninguno– a todos sus integrantes. Tengo el convencimiento de que será un paso fundamental en la democratización de la sociedad argentina.

* Diputado nacional (Partido Socialista).