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Con el último hallazgo de cocaína en Ezeiza, Marcelo Saín puede recoger el mérito de haber incautado en sus tres meses de gestión la misma cantidad que la obtenida por la PAN durante todo 2003. El nuevo interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sostiene que eso es una muestra de que existía “corrupción institucional” y asegura que los resultados son consecuencia de varios cambios en la política de control de delitos, prevención y del “descabezamiento de los antiguos oficiales”. “El grueso de la ex PAN –le dijo a este diario– no quería, no sabía, no se mostraba partidario de llevar adelante el trabajo.”
El funcionario está convencido de que ninguna de las incautaciones de droga hechas en el aeropuerto son de un cuentapropista. “En general son mulas: la mula no es un microemprendimiento, son organizaciones con redes cuyo destino es cualquier aeropuerto de Europa, aunque Barajas en España es el más sensible.” El punto de origen habitual de la droga que se decomisa en Ezeiza es Bolivia, por proximidad. “El grueso proviene de allá –explica–, aunque la mayoría no llega por vuelos regulares sino furtivos o vía terrestre.”
Los controles sobre las llamadas “rutas calientes” son parte de las deudas de la ex Policía Aeronáutica. El diagnóstico de Saín sobre sus predecesores es completamente negativo. Y daría pie para varias investigaciones judiciales. Según el interventor, la ex PAN “demostraba una pasividad frente a una situación delictiva total”. Como ejemplo, explica que “las personas más capacitadas en seguridad compleja o los grupos tácticos que ayer llevaron adelante los allanamientos con resultados positivos tenían asignadas tareas administrativas”. Lo que ahora hay, dice, “es una voluntad institucional de control”.
Los nuevos mecanismos de control sobre los 40 aeropuertos bajo su área incluyen el refuerzo en las denominadas rutas de alto riesgo, el control a través de scanners, cotejo de pasajeros y operativos a cargo de dos áreas especiales: la subintervención de Control Preventivo y la recién creada Delitos Complejos integrada por el Departamento de Antiterrorismo y Antinarcotráfico. Esa área quedó bajo la subinterventora Verónica Fernández Zagari, ex fiscal de Lomas de Zamora. A través de una resolución interna determinó, además, iniciar un sumario administrativo cuando en otro país se detecta droga procedente de la Argentina. Esa circular, según Saín, fue una de las que surtió efecto entre los controladores. “Causó mucho efecto –dice– porque muestra la corrupción institucional.”
Esos cambios más la depuración de la fuerza permitieron obtener resultados como el aumento del volumen de lo incautado. “Se empieza a romper el mito policial de que los civiles no pueden conducir las operaciones policiales”, dice Saín. Su objetivo, asegura, es “que los aeropuertos sean un lugar de alto costo para el delito”.