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La donación de órganos debe “dejar de ser un acto individual para ser un compromiso de toda la sociedad”, dice el periodista Carlos Liñán, vicepresidente de la Asociación Pro Vida, que nuclea a pacientes en lista de espera y trasplantados. Una de las propuestas de la asociación es crear un fondo solidario a nivel nacional, como el que existe en la provincia de Buenos Aires, para que, más allá de la disponibilidad de órganos, no haya pacientes excluidos de la posibilidad del trasplante por razones económicas.
Cuando se sancionó la ley 24.193 en el año 1993, el gobierno de Carlos Menem vetó varios artículos al reglamentarla, entre ellos los que hubieran permitido que en todo el país todos los habitantes tengan asegurado el acceso al trasplante y al post-trasplante. “En el decreto que vetó la creación de ese fondo decía que distorsionaba la actividad económica. Creemos que es hora de que la distorsión social que causaron aquellos años se empiece a revertir en el Senado (que tiene que tratar la modificación a la ley de donante presunto) o a través del Poder Ejecutivo”, enfatiza Liñán, quien recibió un riñón a través de una donación.