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Una nueva polémica se abrió en torno del caso Cromañón, porque el Gobierno derogó una resolución que otorgaba un subsidio de 1000 pesos mensuales a cada una de las familias de las 193 víctimas fatales para que afrontaran el pago de los honorarios de los abogados particulares contratados para llevar adelante las causas penales. Fuentes oficiales confirmaron la derogación de la resolución 846/05, firmada en mayo pasado, y ahora se aguarda una nueva resolución, que otorgaría una cifra menor y seguiría sin contemplar a los sobrevivientes de la tragedia, que también han iniciado acciones legales por lo ocurrido y reclaman igual ayuda estatal para poder afrontar los gastos.
La controversia se abrió porque cada abogado querellante podía llegar a cobrar, por mes, un monto de hasta 38 mil pesos, suma que generó una fuerte polémica por ser considerada “excesiva” por algunos funcionarios. Voceros del Ministerio del Interior dijeron que ahora “se estudia una nueva resolución en virtud de las diferencias de criterio que se produjeron” en las reuniones que los lunes mantienen familiares con el titular de la cartera, Aníbal Fernández.
“Cada abogado puede representar a 38 víctimas y, por lo tanto, podría recibir la suma de 38.000 pesos, siempre que se trate de una víctima fatal, ya que los sobrevivientes no están contemplados en el subsidio, que hasta ahora nunca se pagó”, dijo a Página/12 Fernando Soto, uno de los querellantes. “La mayoría de mis clientes son sobrevivientes, y es mucho más arduo el trabajo para demostrar que ellos estuvieron en Cromañón y que sufren secuelas psíquicas y físicas. Por eso es injusto que no se tenga en cuenta a los familiares de los que siguen vivos”, opinó Soto.
El abogado José Iglesias, que representa a otras víctimas, dijo que el decreto originó “un festival de debates” sobre “si corresponde sólo a los abogados de los fallecidos, si tiene efecto retroactivo, si es sólo para los abogados cabeza de querella o para todos; trajo más problemas que soluciones”. También hubo críticas de funcionarios que recordaron que el Ejecutivo estaría subsidiando a letrados que luego van a accionar contra el Estado para reclamar el pago de indemnizaciones.