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“En el caso María Soledad el encubrimiento ha sido institucional, de la policía y del gobierno, pero también se advierte un encubrimiento social, tribal, derivado del sistema casi feudal.” Durante el juicio en el que fueron condenados Guillermo Luque y Luis Tula, una alta fuente judicial definió con esa frase el carácter del encubrimiento del crimen que hizo caer al gobierno de Ramón Saadi. La historia se impuso, una vez más. La prueba más flagrante fue el sobreseimiento “por error”, en 1997, del ex jefe de la policía de Catamarca Miguel Ferreyra, señalado como “el gran encubridor”. El juez Guillermo Cerdá dejó libre a Ferreyra “sin darse cuenta”.
El ex policía Mario Casas, uno de los pocos que denunció a sus pares, hoy está retirado, mientras que otros sospechosos siguen en actividad y “premiados con ascensos o retiros especiales”. La bioquímica Marta Vera de Albornoz, que cometió irregularidades en la causa, hoy tiene el grado de comisario mayor. Eloy Guzmán, otro de los sospechosos, está en disponibilidad pero por supuestas irregularidades en el Círculo de Oficiales de la policía. Al comisario Julio Sosa lo retiraron con triple sueldo porque los últimos tres meses de carrera los pasó en un “sitio inhóspito” del interior provincial. Al comisario José Leguizamón, el que ordenó lavar el cuerpo de María Soledad, borrando pruebas, “nadie nunca le dijo nada”. Y siguen las firmas.