[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, no sólo presentó formalmente su descargo ante la Legislatura, sino que además recusó ayer a seis de los legisladores que deben resolver si corresponde o no enjuiciarlo por el incendio de República Cromañón. Por segundo día consecutivo, pasó así a la ofensiva frente a aquellos que promueven su remoción, mientras los familiares de las víctimas rechazaron sus acusaciones contra la comisión investigadora que recomendó su juicio político y lo desafiaron a debatir públicamente al respecto.
El descargo de Ibarra ingresó a la Legislatura a las 9.30 de la mañana, media hora antes del vencimiento del plazo fijado por la comisión investigadora de la Sala Acusadora para que lo hiciera. A esa altura, el jefe de Gobierno ya había insistido a través de un sinfín de radios porteñas en sus denuncias contra la comisión investigadora que lo acusó de mal desempeño de sus funciones y varios de los legisladores de la oposición que la integraron.
A pesar de que el jefe de Gobierno había anunciado que no iría a ejercer su defensa en persona, varios familiares de las víctimas del incendio del boliche de Once se hicieron presentes. Allí se quejaron de su ausencia y anunciaron que el próximo lunes le harán un pedido formal para que acepte enfrentarlos en un debate, solicitud que horas después el mismo Ibarra anticipó que rechazará (ver aparte).
El jefe de Gobierno acompañó su descargo con el pedido de recusación de seis de los trece integrantes de la comisión investigadora –de diferentes bloques de la oposición–, que debe elaborar el dictamen en función del cual la Sala Acusadora decidirá después si debe ser enjuiciado o no: Jorge Enríquez, Martín Borrelli, Ariel Schifrin, Alvaro González, Jorge San Martino y Rubén Devoto.
Los motivos que Ibarra argumentó para solicitar que sean separados del proceso de juicio político que lo tiene por protagonista son diferentes para cada caso. A Enríquez pidió que se lo aparte porque le atribuye vinculación con la habilitación de El Reventón, el boliche que después se transformó en Cromañón. “El área que otorgó esa habilitación se encontraba dentro de la estructura de la Secretaría de Gobierno. En esos precisos momentos el actual diputado Jorge Enríquez era subsecretario de Gobierno (decreto 783/97), por lo que tiene directo interés en la investigación”, resaltó el jefe de Gobierno en su planteo.
El fundamento para la recusación de San Martino y Devoto es que ambos presentaron en febrero pasado proyectos en los que sostenían que Ibarra debía ser sometido a juicio político. El jefe de Gobierno remarcó que, por lo tanto, han “dado consejo del proceso a seguir” y lo han “acusado con anterioridad a comenzar la investigación”.
Ibarra planteó que Borrelli y Alvarez deben excusarse de seguir actuando en el caso porque integraron la comisión investigadora que aconsejó su juicio político y que Schifrin tiene que hacerlo por su “manifiesta enemistad personal”. De ser uno de los hombres de mayor confianza del jefe de Gobierno, Schifrin pasó en cuestión de pocos años a ser uno de sus principales detractores. Ibarra explica en su presentación que “quiso ser primer candidato a diputado y no se reunieron los consensos necesarios y tal vez esta situación fue el comienzo de una diferencia política que luego se tradujo en enemistad política y personal. Habíamos incluso sido amigos, compartimos cenas, reuniones, familia, partidos de fútbol, etc... Sin embargo esa relación personal y política se tradujo en odio”.
Las recusaciones planteadas por Ibarra deberán ser analizadas ahora por la comisión investigadora de la Sala Acusadora. Ese cuerpo, presidido por el macrista Marcelo Godoy, dispuso reunirse el próximo martes para expedirse también sobre las medidas que el jefe de Gobierno pidió que se dispongan en el marco de su defensa.
En su descargo, Ibarra solicitó que se recopile un total de 56 testimonios, entre personas e instituciones. También demandó que se incorporen diversas pruebas documentales y se pidan informes a distintas instituciones y pidió la realización de algunas pericias.
Miembros de la comisión adelantaron a Página/12 que “seguramente no todos los pedidos de Ibarra serán aceptados”. La decisión en torno de las medidas de prueba que solicita el jefe de Gobierno, sin embargo, es menos compleja que la definición acerca de las recusaciones planteó.
Esta es la primera vez en la ciudad que un juicio político llega a esta instancia y, por lo tanto, no todos coinciden en la forma de proceder. “Es un leading case”, explicó uno de los legisladores que tendrán que expedirse al respecto. Uno de los puntos en duda es si recusados –en caso de acceder al pedido– deben apartarse sólo de la comisión investigadora o también de la Sala Acusadora, que según la Constitución porteña está integrada por 45 miembros y no por menos. Tampoco está claro quién tiene la palabra final con respecto las recusaciones.