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Si en el Congreso se refleja el consenso que inundó ayer el Salón Blanco de la Casa Rosada, el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que propone elevar al 6 por ciento del PBI la inversión en el sector, progresivamente hasta el 2010, esta vez podría dejar de ser una promesa incumplida. Acompañado por los gobernadores –con la sola excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá–, gremialistas, empresarios, artistas, intelectuales y hasta el ministro de Economía Roberto Lavagna, el presidente Néstor Kirchner destacó el valor estratégico del proyecto y anunció, además, que una vez superada la discusión sobre los fondos para la educación, el año próximo se empezará a debatir una nueva ley de educación. De esa forma, el Gobierno piensa zanjar las críticas que sigue provocando la Ley Federal, sancionada durante el menemismo, que dinamitó la estructura de primaria y secundaria y provocó un caos en la aplicación de los diez años de escolaridad obligatoria.
Hace poco más de seis meses, Kirchner al inaugurar las sesiones legislativas había anunciado el envío del proyecto que finalmente entrará al Senado la semana próxima. En los fundamentos de la iniciativa elaborada por educación, se explica que “a valores actuales, el aumento de la inversión (para llevarla del 4 al 6 por ciento) sería superior a los nueve mil millones de pesos y, si se cumplen las previsiones económicas de continuidad en el crecimiento del Producto Bruto Interno en los próximos años, seguramente la ley significará un incremento de la inversión educativa aún mayor”. Si en los próximos cinco años el país continuará creciendo a un ritmo de entre el 6 y el 8 por ciento anual, los nueve mil millones actuales treparían hasta unos 24 mil millones de pesos más en el 2010. Para dimensionar la magnitud del monto basta tener en cuenta que el gasto educativo consolidado hoy es de 19 mil millones.
Una muestra clara del consenso que acompañó la elaboración del proyecto fue el orador elegido para inaugurar los discursos en La Rosada: el titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación, Hugo Yasky. “Es un hecho histórico porque empezamos a discutir hacia un modelo superador de la fragmentación que consolidó el neoliberalismo”, dijo el dirigente que habló en nombre de los sindicatos de representación nacional junto con la Unión de Docentes Argentinos, los técnicos de AMET y los privados del Sadop, y recordó que “es un paso adelante en la lucha histórica de la Ctera... El primer pasacalle que pusimos en la Carpa Blanca decía ‘Maestros y profesores ayunando por fondos para la educación’”.
Los gobernadores de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, y de Córdoba, José Manuel De la Sota, tomaron la posta antes que el ministro de Educación, Daniel Filmus, para destacar la impostergable necesidad de apostar a la educación y –en el caso de Colombi– criticar los efectos de la reforma educativa de los ’90. Pero no fueron sólo los “amigos” del Gobierno como el recién suspendido Jorge Colazo, el gobernador de Tierra del Fuego, que se escabullía entre sus pares (ver página 9), sino también opositores lanzados ya a las presidenciales del 2007 como el gobernador de Neuquén Jorge Sobisch o el ex compañero de fórmula de Carlos Menem, el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, los que se sumaron a la presentación en sociedad del proyecto. León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi y Ernesto Sabato también se mezclaban entre intendentes como Alberto Ballestrini (La Matanza) y ministros de Educación de todas las jurisdicciones.
Filmus señaló que “necesitamos llegar al Bicentenario de la Argentina sin analfabetos” y destacó la relevancia que tendrá para la educación, la ciencia y la tecnología la ley de incremento presupuestario. Kirchner afirmó que con este proyecto se concreta “el inicio de un sueño porque la falta de memoria, de justicia y la impunidad que hubo en la Argentina cercenó el derecho a pensar, a disentir, a investigar y a crear. Y la falta de estos pilares fundamentales destruyó el sistema educativo argentino”, recalcó.
Para convertir en realidad los diez objetivos que detalla la iniciativa elaborada por Educación (ver recuadro), se prevé que en los próximos cinco años el Gobierno tendrá que trabajar para que en el 2010 la Nación aporte el 40 por ciento del gasto educativo y las provincias, el 60 por ciento. Hoy en día, las 24 jurisdicciones tributan el 78 por ciento y la Nación el 22 restante. La forma de garantizar en un país federal que el incremento de recursos se destine al fin previsto fue uno de los problemas a resolver. El proyecto propone la creación de una cuenta especial que se manejará con acuerdos bilaterales entre la Nación y las provincias y cuyos fondos se irán asignando en la medida que se cumplan los objetivos. La figura legal que se encontró se encuadra en el artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional, y es una figura semejante a la que se utilizó para autorizar, en su momento, los fondos del conurbano bonaerense.
En caso de “incumplimiento”, el texto advierte que el Ministerio de Educación como autoridad de aplicación “instrumentará o promoverá la instrumentación total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados en el presupuesto del Ministerio de Educación con destino a las jurisdicciones hasta tanto se cumplan las condiciones acordadas y la limitación de las transferencias presupuestarias del gobierno nacional con destino a las jurisdicciones, que no sean las originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática”.
Quizá, con ese mecanismo de “castigo” y con la decisión política de convertir en hechos las promesas, esta vez se podrá cumplir el objetivo de llegar al 6 por ciento del PBI que la cuestionada Ley Federal de Educación, sancionada en el ’93, preveía alcanzar en 1998. Si se superan los problemas de subsistencia se supone que la calidad de los aprendizajes pasará al centro de la escena.