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En los doce años como prestadora del servicio, Aguas Argentinas acumuló una larga lista de incumplimientos al contrato de concesión. Aumentó las tarifas a pesar de comprometerse a no hacerlo, incumplió con las pautas de inversiones y brindó el servicio de manera ineficiente. En muchos casos, el gobierno menemista perdonó los pecados, concediendo condonaciones a las infracciones, lo que da una idea de la relación fraternal entre los franceses y el poder político de entonces, con María Julia Alsogaray como generosa renegociadora. A pesar de que durante largos años la empresa tuvo vía libre para pasar los semáforos en rojo, antes de irse de la Argentina debería pagar lo que adeuda en concepto de multas: nada menos que 27,5 millones de pesos. Monto al que, si se le suman los intereses acumulados, asciende a 35,3 millones.
De acuerdo con los datos oficiales del Etoss, el organismo contralor del servicio de aguas y cloacas, los franceses de Suez sólo pagaron uno de cada tres pesos de las multas. Desde 1993 acumularon infracciones por 42,6 millones de pesos. El cúmulo de penalidades reflejan lo irregular del servicio de Aguas Argentinas en estos 12 años.
En base a un documento del Etoss, la asociación de defensa de consumidores y usuarios Deuco elaboró un informe con ejemplos de esos incumplimientos.
- Tarifas. Entre 1993 y 2003 estaba explícitamente prohibido aumentarlas. Es más, Suez ganó la compulsa para quedarse con la concesión al ofrecer una rebaja sobre los costos que cobraba la estatal Obras Sanitarias. Esa regla de juego se esfumó al poco tiempo. En junio de 1994 se reconsideró el contrato y se habilitaron aumentos tarifarios “sin que se hubiera cumplido el requisito de incremento de costos establecidos contractualmente”. Durante aquellos diez años la tarifa subió 88 por ciento: en mayo de 1993, la factura media residencial era de 14,56 pesos. Una década después había trepado a 27,40.
- Inversiones. Con los cambios, Aguas Argentinas quedó obligada a invertir 2202 millones de pesos en diez años. Pero sólo desembolsó 1342 millones, el 60 por ciento. Los fondos provinieron de la recaudación por facturación; es decir, no fueron aportes directos de los accionistas.
- Calidad del servicio. Fue inferior a la pactada. El informe precisó que existen 1.032.000 habitantes de la zona de concesión (Capital y 17 partidos del conurbano) sin cloacas. Y 800 mil sin agua potable. A su vez, el tratamiento de las aguas servidas, que estaba previsto debía alcanzar al 74 por ciento, apenas llegó al 7 por ciento de la cobertura. Afecta a 6.180.000 personas.
- Presión de agua. El contrato original establecía que el suministro no podía ser inferior a 10 metros de columna de agua. Pero en amplias zonas del conurbano nunca se registró ese nivel. Los mayores inconvenientes se notaron en la zona sur, donde incluso hubo cortes en el servicio.
- Calidad II. Se detectaron contaminaciones con arsénico, a pesar de que se habían puesto en marcha sucesivos planes para purificar el agua.
- Cobros I. Entre los años 2001 a 2003, la empresa aplicó aumentos tarifarios del 3,9 por ciento en cada año para obras de expansión en el conurbano. A éstos se sumaron diversos cargos fijos adicionales y un ajuste por la inflación estadounidense. En total se acumuló un alza del 20 por ciento. Las obras no se concluyeron y el gobierno actual obligó a Aguas a depositar 43 millones de pesos en una cuenta en el Banco Provincia. Y todos los meses se venían depositando 3,3 millones. El Etoss audita el cumplimiento.
- Cobros II. Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, aseguró ayer que la compañía debería reintegrarles alrededor de 236 millones de pesos a sus clientes por la facturación indebida durante el período 1995 a 2000.