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Suez anunció ayer a través de un comunicado que recomendará al directorio de Aguas Argentinas rescindir el contrato de privatización, decisión que sería considerada en una reunión de ese cuerpo a realizarse el 19 de septiembre y votada por la asamblea de accionistas dos días después. Se trata de la jugada más fuerte que realizó la empresa francesa –dueña del paquete mayoritario, junto a Aguas de Barcelona– desde que comenzó la intrincada renegociación contractual. La respuesta pública de Julio De Vido tuvo un tono componedor. “Si hay voluntad política del grupo Suez de quedarse en la Argentina, hay espacio para seguir negociando”, sentenció el ministro quien, sin embargo, admitió algunos de los puntos de la discordia que genera el riesgo cierto de que los franceses abandonen el negocio. De concretarse, la amenaza dejó de ser un motivo de desvelo para los funcionarios involucrados, que hace tiempo están testeando el mercado en busca de por ahora esquivos adjudicatarios alternativos.
Tanto la empresa como los negociadores públicos coinciden en que hubo no sólo negociaciones esmeradas hasta el miércoles a la noche, sino también un acercamiento claro que hacía vislumbrar como posible la firma del demorado acuerdo. Pero las versiones son distintas a la hora de señalar las razones del desencuentro que desencadenó la airada reacción de los franceses.
En los últimos meses Suez fue resignando de modo notorio sus pretensiones iniciales, como las de tener una recomposición tarifaria previa a las elecciones o un préstamo estatal blando de 800 millones de pesos, aspiración que luego habría bajado a 300 millones. También se habría avenido a compartir el manejo de la caja con el Estado que, como contrapartida, haría inversiones multimillonarias para expandir la red. Este no sería el único aporte público en la nueva versión contractual por ahora abortada. A través de la Unidad de Renegociación, el gobierno también había admitido un aumento de tarifas escalonado a partir de 2006, con generosos mecanismos de ajustes en el futuro, que permitían trasladar al precio del agua cualquier suba en los costos, entre otros alicientes.
Pero la situación finalmente se habría quebrado por causas que ninguna de las partes precisó ayer debidamente. Fuentes ligadas a la empresa sugieren que el propio Néstor Kirchner habría querido moderar los dos ajustes del 20 y 15 por ciento propuestos por la UniRen por un único del 22. Más allá de este rumor, lo cierto es que para mediados de esta semana la privatizada vio que no tenía seguridad de contar con una carta de entendimiento para exhibir ante sus acreedores y poder reestructurar su deuda de casi 600 millones de dólares en default y, eventualmente, conseguir nuevos accionistas.
De Vido ayer apuntó hacia otras cuestiones igualmente controvertidos del debate. Uno es la discusión para fijar la “base de capital”, es decir, el valor de las inversiones realizadas en la concesión. Esta referencia sirve en parte para fijar la tarifa –para recuperar gradualmente aquel aporte– o para definir una indemnización si el contrato caduca por voluntad o responsabilidad del Estado. Según los borradores de acuerdos, los montos en discusión oscilaban entre 1750 y 1950 millones de pesos y las fórmulas de recupero eran parte de la puja.
El otro motivo de la discordia, según sugirió ayer el titular de Planificación, es el crédito de casi 100 millones de dólares que habría tomado el Estado antes de la privatización y que Aguas Argentinas utilizó en obras. Tras el default, en el acta acuerdo firmada en 2004, la empresa retransfirió ese compromiso al Tesoro Nacional para que pague las cuotas, “en compensación” por deudas del servicio que la empresa habría prestado a reparticiones públicas. Ante la firma de un acuerdo integral, este punto también talló.
La frustración de un acuerdo que hasta mediados de la semana se veía como inminente habría estimulado a Suez a adelantar al día de ayer el comunicado que preveía difundir el lunes. Para entonces, estaría más cercala fecha prevista en el emplazamiento que realizó al Gobierno, cuando advirtió que si no había acuerdo antes de los 30 días hábiles, consideraría el “curso de acción a seguir”. Algo que se leyó como una amague de retirada de los accionistas galos. Sin embargo, casi al mismo tiempo que proferían esa amenaza, aclaraban ante una carta a su personal que no tenían intenciones de abandonar el negocio y que estaban abiertos todos los canales de negociación.
Todavía hay mucho abierto. Aún faltan unos días para el 19 de septiembre y, en caso que Aguas ratificara entonces la intención de abandonar el servicio, se abriría una lenta transición de varios meses que le daría oxígeno al Estado para trabajar en una alternativa.