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Estos últimos diez años fueron para el colectivo de mujeres una década de contrastes. Paralelo a un proceso regional de consenso respecto de la necesidad de actuar en favor de la equidad de género y de incorporar a las mujeres a la vida pública como modo de consolidación democrática, nuestros países han sufrido una marcado deterioro en sus condiciones de vida.
Hace diez años, el contexto internacional era otro. Estados Unidos lideraba posiciones “progresistas” en materia de derechos sexuales y reproductivos, obviamente sin cuestionar la desigualdad regional (nortesur) y el flagelo de la pobreza. Hoy el gobierno de Bush marca un nuevo clima de época liderando un retroceso en los temas caros al movimiento de mujeres en el marco de un contexto internacional en el que la violencia se cobra la vida de miles de varones y mujeres.
Hace diez años, Beijing fue un punto de inflexión. La fuerte movilización de las mujeres permitió poner en debate la acción de los gobiernos en materia de políticas públicas para las mujeres. Los temas que allí se debatieron y que consideramos como centrales fueros la creciente feminización de la pobreza, la representación institucional de las mujeres y las múltiples formas de violencia contra la mujer. Uno de los balances positivos fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a tener control sobre las cuestiones relativas a la sexualidad. La vigencia de muchos de estos planteos siguen en pie.
La Argentina diez años atrás concentró la atención de la prensa mundial no por los avances institucionales logrados, sino por haberlos ignorado en nombre de una pacto contra natura con la denominada Alianza Conservadora.
Hoy la Argentina está gobernada por un gobierno progresista que por un lado tiene que lidiar con un dramático retroceso social en el que niños/as y personas mayores son los/as más afectados/as con el costo social que esto significa para el presente y para el futuro de las mujeres y del conjunto de la comunidad. Por otro, hay que reconocer en el Gobierno su firmeza para la renovación institucional: los cambios en la Corte Suprema, la renovación dirigencial que impulsa, la política en derechos humanos y la salud reproductiva como política de estado son pilares para el cambio que necesitamos. Mucho es lo que falta; la reestructuración social y productiva, la construcción de un estado que supla la falta de una verdadera burguesía nacional son los desafíos por delante.
En relación con nuestros intereses, el fortalecimiento de los organismos públicos dedicados a las mujeres y la inclusión de las necesidades y prácticas de las mujeres en estas estrategias son claves.
Sin duda que esto se verá favorecido con la construcción de una nueva alianza de mujeres, que ponga la pobreza como problema central de su accionar, que fortalezca los procesos de implementación de lo logrado (Ley de salud reproductiva y Ley de prevención de violencia, especialmente), que plante su voz y sus propuestas a la reestructuración social y productiva, que promueva la innovación de políticas públicas (caso de la Ley del Uso del Tiempo italiana), y finalmente que nos comprometamos a la reconstrucción de un movimiento articulado con la base social.

* Ex presidenta del Consejo Nacional de la Mujer.