Frente al Barrio Rivadavia, donde la guerra es entre pequeños grupos narcos en expansión, chicos adictos que les roban y desprendimientos de otras bandas, el conflicto tiene otra dimensión. En la villa 1.11.14, al cruzar la avenida Bonorino, es donde el 9 de diciembre tres hombres de nacionalidad peruana acusados de ser narcos mataron a puñaladas a Lucas Gómez, el hijo de la delegada Susana Acosta. En una semana particular por el operativo cerrojo de control de la Policía Federal en las calles que bordean la villa, los delegados barriales tienen diversas posiciones frente a la expansión de la guerra de narcos que los acorrala. Pero la misma sensación: miedo.

“Hemos tolerado de todo, hemos sido cómplices”, se autoinculpa una mujer que lleva diez años como delegada de su manzana. Y su vecina, otra representante como ella, cuenta: “La semana pasada hicimos una instalación de luz en la manzana. Ellos pensaron que estábamos poniendo unas pequeñas cámaras que a ellos les podrían molestar. Mirá cómo será la sugestión de ellos después de la muerte del hijo de Susana Acosta que se persiguen con todo”. “Los que vivimos en la zona clave decimos que es un lugar tranquilo porque no tenemos una violencia al lado nuestro, o sea acá adentro no se mata ni se roba porque eso sería un obstáculo para sus negocios”, explica. ¿Cuáles son los cambios que estos hombres y mujeres que trabajan por la comunidad en el Bajo Flores han percibido en los últimos meses? “Pienso que ellos necesitan abrir nuevas bocas de expendio, porque ya están en todos lados, terminaron siendo dueños de todo, antes estaban todos paraguayuos y argentinos, ahora son más peruanos que otra cosa, se expanden como la peste”, dice un delegado desde el anonimato que piden todos y cada uno para hablar con Página/12. Y uno de sus compañeros de zona completa con una certeza: “Es no sólo previsible, sino que obvio y evidente: son varios los vecinos que han recibido ofertas de mucho más dinero del que corresponde para comprarles sus casas en zonas que no son del control de los chicos malos”. “Vivimos constantemente amenazados porque los narcos están contra las aperturas de calle, porque eso les perjudicaría”, dice un viejo delegado cercano a la calle Bonorino.

“Es un barrio de 50 mil habitantes donde el grueso trabaja, estudia, trata de mejorar su vida, y hechos como estos ennegrecen todo intento de mejoramiento”, dice el único líder que optó por dar su nombre, Jorge “Kito” Aragón, de Libres del Sur, con cinco comedores en la zona.

Y apunta: “No puede haber narcotráfico sin que estén vinculados tanto las fuerzas de seguridad como el sistema financiero que blanquea el líquido que genera la droga. Inclusive algunos políticos, aunque es difícil descular todo esto que vivimos a diario. La violencia está en todos lados. No sólo en la villa”. A pesar de que los cercos de seguridad en torno de los barrios han sido criticados por reñidos con las garantías constitucionales, lo cierto es que los delegados apoyan los operativos de control iniciados el miércoles por la Federal.