Se despidieron de sus familias y emprendieron el viaje desde Salta hacia Buenos Aires. Casi con lo puesto, los diez miembros de la comunidad wichi cumplieron con la misión encomendada: reclamar al gobierno nacional una solución a la tala indiscriminada del bosque nativo, el único medio de subsistencia para cientos de personas. “Si nos quitan el trabajo, nos quitan la vida”, alertó Héctor Orellano, referente de la comunidad La Esperanza, ubicada en el departamento de San Martín. Luego de visitar una y otra oficina gubernamental, durante 15 días, los aborígenes regresaron a su provincia con el compromiso de autoridades nacionales de visitar la región.

En diálogo con Página/12, los aborígenes denunciaron que desde febrero de este año ingresan a la zona, sin autorización, camiones que arrasan con el palo santo, lapacho, cedro, algarrobo, quebracho y guayacán. “Se están llevando lo último que nos queda. Talaron la mayoría de los árboles de la región”, sostuvo José Molina, de Carboncito Fwiñol, comunidad ubicada en el mismo departamento salteño donde viven 120 familias.

Su viaje a la ciudad de Buenos Aires fue consecuencia de la falta de respuestas por parte del estado provincial, donde las comunidades originarias iniciaron las denuncias. “El Gobierno nunca hizo estudios ambientales para saber si era apta o no la tierra para este tipo de explotación”, contó Molina. “La policía nos tiene ocho o nueve horas esperando, mientras los camiones se llevan nuestros árboles”, denunció Orellano.

Los aborígenes fueron recibidos por funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto contra la Discriminación (Inadi) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En cada una de esas oficinas denunciaron “el daño irreparable al medio ambiente y la violación de los derechos indígenas de las que son víctimas tanto las comunidades de San Martín como las de los departamentos Santa Victoria y Rivadavia.

Informe: Elisabet Contrera.