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El que se haya alcanzado un acuerdo con el FMI tiene enorme trascendencia y su contenido puede calificarse como mucho más que positivo. Es un giro histórico que debe ser apreciado, incluso en su significación institucional, porque ciertos contenidos habituales, que no aparecen en el nuevo acuerdo, importaban muchas veces flagrantes excesos a la división de poderes establecida por nuestra Constitución. Han desaparecido además exigencias tan injustificadas y perjudiciales como la privatización del Banco de la Nación o una mayor precarización de la legislación laboral.
Los compromisos asumidos por nuestro gobierno son prudentes y parten de un análisis responsable sobre las posibilidades de cumplimiento. No conformará, seguramente, ni a los que sostienen que no debe acordarse con el FMI ni a los que aconsejan aceptar hasta el más injustificado de los pedidos del organismo. Es decir, a los que, de una u otra manera, creen que es conveniente que no hay que negociar ya que parten de otros conceptos: rechazar o aceptar sin discusión.
No es cierto tampoco que al país le resultaba indiferente llegar o no a un acuerdo con el FMI. Un default con el organismo, además de arrastrarnos a la pérdida de la recepción de desembolsos pendientes de créditos ya otorgados por otras instituciones multilaterales, nos colocaba ante la posibilidad cierta de perder también el crédito comercial para el sector público y privado.
Muchos también han criticado el superávit del 3 por ciento. Unos por considerarlo insuficiente para atender las obligaciones externas y otros por considerarlo una traba para el crecimiento. No comparto esas críticas. En primer lugar, porque la cifra basta para pagar los intereses y el acuerdo contiene la previsión de que todos los vencimientos de capital son renovados. Es decir, se aplicaría la misma estrategia que seguía y aconsejaba quien nos sacó de una crisis muy similar a la presente: nada menos que don Carlos Pellegrini.
Por otro lado, el que se fije un compromiso de mínima no quiere decir que el Gobierno, en caso de que así fuera necesario, no buscara un superávit mayor y, en cualquier caso, el crecimiento de la actividad y la prudencia en el gasto determinarían un superávit mayor. El superávit no es obstáculo para el crecimiento ni implica desatender necesidades. No obtener un acuerdo con el FMI sí conspira contra ambas cosas.
Japón, después de la guerra, tuvo un gran superávit fiscal y logró un crecimiento sin par al mismo tiempo que pudo renacer desde las ruinas. Asumiendo el Estado el rol que le corresponde en relación con determinadas actividades, infraestructura básica e impulsor de ciertas producciones, los capitales privados, nacionales y extranjeros, serán atraídos a invertir y el crecimiento y el desarrollo serán el resultado.