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Por Natalia Aruguete

Con el fin de recuperar rentabilidad en la explotación carbonífera de Río Turbio, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UBA analizaron distintos procesos de gasificación que permitirían utilizar el carbón mineral de esa cuenca para producir combustibles líquidos que reemplacen los derivados del petróleo, con costos sustancialmente más bajos. Según el proyecto que dirige el ingeniero Alberto Muñiz, el carbón de Río Turbio puede ser aprovechado mediante la utilización de gasógenos, en equipos de tracción motriz, motores de automóviles y hogares que hoy se abastecen con gas licuado. “Exceptuando al gas natural, el carbón podría competir en precio con todos los otros combustibles”, se plantea en el proyecto. La intención es lograr un impacto económico a nivel regional y enraizar una población cuya subsistencia depende de la explotación minera y que atraviesa una profunda crisis económico-social.
El estudio fue solicitado por los mineros de la empresa, reestatizada el año pasado luego del vaciamiento hecho por la gestión privada. Muñiz señaló ante Cash las causas que hacen inviable el mantenimiento de Río Turbio en las condiciones actuales: la mina está muy lejos de los centros de consumo y de los puertos; el carbón debe recorrer 400 kilómetros para ser embarcado y el ferrocarril, construido en 1950 con materiales usados, es de trocha angosta, lo que dificulta el empalme con otras líneas ferroviarias. “Una solución –planteó el ingeniero– sería construir nuevas vías o hacer locomotoras a vapor. Pero el solo mantenimiento costaría cerca de un millón de dólares al año”. Con el mismo monto, se pueden comprar 50 mil toneladas de carbón a Colombia. Para resolver esa situación, la Facultad de Ingeniería propone transportar el combustible por caños y ahorrar gastos en transporte.
El carbón mineral de Río Turbio es –según los especialistas– un producto de alta calidad: tiene un poder calórico aceptable, posee bajo contenido de azufre y fósforo y no es contaminante, ya que las máquinas generadoras permiten recuperar los gases. Pero el transporte del mineral por galerías hace muy costoso el proceso. Esto hace que el carbón compita en inferioridad de condiciones con las explotaciones realizadas a cielo abierto.
Las primeras extracciones en la mina comenzaron a principios de los años ‘40, con niveles de producción que no alcanzaban las 10 mil toneladas. En esa etapa, la incidencia en la economía nacional era prácticamente nula y el consumo se restringía a la provincia de Santa Cruz. Con la mecanización de la explotación, el carbón mineral comenzó a penetrar el mercado energético, hasta llegar a su pico productivo a fines de los ‘60. Sin embargo, la falta de una estrategia de venta durante la dictadura militar provocó acumulación del carbón en las playas del yacimiento y gastos extra en mantenimiento, maquinaria y personal. El Estado terminó subsidiando un negocio que se volvió poco rentable: en 1979 se extrajeron 1400 millones de toneladas. A partir de ese año, comenzó para la mina una crisis económica que aún no se revirtió.
En 1992, el Estado implementó una política de retiros voluntarios. Dos años después, Yacimientos Carboníferos Fiscales fue concesionada al empresario Sergio Taselli. “La medida produjo un vaciamiento en áreas estratégicas por el retiro de técnicos y obreros especializados”, evaluó el ingeniero Enrique Michniuk. Mientras fue estatal, la mina empleaba a 1331 trabajadores. Hoy son poco más de 800.
La lucha de los mineros, apoyados por la población, y los incumplimientos contractuales por parte del grupo Taselli derivaron en la reestatización de la mina en mayo de 2002. Durante la intervención de Eduardo Arnold, se realizó una auditoría sobre la situación jurídica, operativa y económica del yacimiento. La evaluación afirma que durante 2001 el valor del carbón fijado por la concesionaria para el mercado local duplicaba el precio internacional. Además, Taselli percibía un subsidio estatal de 22,5 millones de dólares anuales. “El subsidio directo fue más de tres veces el costo del producto en el mercado –calcula el estudio oficial–, lo que derivó en una clara transferencia de renta del Estado a la concesionaria.”
A poco más de un año de reconstrucción, la empresa recuperada por sus trabajadores empezó a realizar sus primeras exportaciones a Brasil con vistas a extender la venta a otros países limítrofes. En el mismo sentido, pero proponiendo productos alternativos al petróleo, el equipo de la UBA trabaja en experimentaciones tendientes a verificar la viabilidad del proyecto. “Hasta ahora, las pruebas se han hecho a pulmón, pero para hacer ensayos más veloces, se requiere un equipo que cuesta 4700 dólares”, explicó Muñiz. Un costo que la facultad no puede encarar.