[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Cledis Candelaresi

Las privatizadas están entre las empresas que esperan con más expectativa el recambio de gobierno para insistir con el aumento de tarifas. Miran con cierto recelo al presidente electo, Néstor Kirchner, pero saben que con Roberto Lavagna vendrá ese ajuste. La Transportadora del Gas del Norte –sociedad que integran Techint, la francesa Total y la norteamericana SMS Energy, entre otras– espera, además, que haya un tratamiento diferente para cada privatizada. “Ni nos llenamos de plata ni nos la llevamos”, se defiende ante Cash su director general, Carlos Ormachea, para quien, además, la Argentina debería aprovechar los vientos a favor que soplan desde el exterior.
¿Qué tiene que incluir en la agenda como prioridad la gestión de Kirchner?
–Solucionar el tema de los servicios públicos, la renegociación aún pendiente de la deuda y terminar con el arreglo del sector financiero. Después, también tendrá que ver cómo soluciona el problema social.
Hay empresas, incluida TGN, con proyectos de inversión cajoneados desde que asumió Duhalde. ¿Se dan las condiciones para desempolvarlos ahora?
–Hasta que no nos sentemos a negociar con el próximo presidente no puede saberse. Creo que nadie en este momento está en condiciones de encarar nada nuevo.
¿Puede haber colapso en el transporte de gas?
–Las inversiones son necesarias para garantizar la calidad del servicio que se brinda pero también para expandir el sistema. En los diez años de la privatización se dieron las condiciones para invertir y el sector duplicó la oferta. TGN invirtió más de 1000 millones de dólares y duplicó 2,5 veces su capacidad mientras que el consumo de gas creció un 50 por ciento. Si no se puede invertir el servicio se deteriorará. Pero habrá, básicamente, un problema de escasez porque no se ampliará la capacidad. Hoy el precio del gas está regalado: es entre 3 y 8 veces más económico que su combustible alternativo. Si uno tiene un auto a gas gasta 6 veces menos que si tiene un gasolero y 9 veces menos que con un naftero. El gas licuado, que consumen los más pobres, cuesta 7 veces más. Hay un incentivo a consumir gas natural.
La crítica al conjunto de privatizadas es que durante la década pasada tuvieron una rentabilidad difícil de encontrar en otro sector.
–No se puede hablar de “las privatizadas” en general. En ese grupo hay casos muy diferentes. Aeropuertos, Correos, rutas por peajes, teléfonos, aguas, Aerolíneas, son casos distintos entre sí y muy diferentes a los de energía, que se hicieron con marcos regulatorios definidos antes de las privatizaciones. Además, miro los resultados. Nosotros en diez años tenemos una tasa de retorno sobre activos de menos del 9 por ciento: no se perdió plata pero tampoco se ganó una fortuna.
Ese retorno no es despreciable.
–Es menos que la tasa que obtuvo la industria del gas en el mismo período en Estados Unidos, donde el riesgo de una inversión es menor. Nosotros en el ‘90 veíamos el negocio como de baja volatilidad y bajo riesgo. Hoy el problemita es un poco diferente. En nuestro caso ni nos llenamos de plata ni nos la llevamos. La mitad de la inversión la financiamos con deuda y el resto con generación de fondo del propio negocio.
Hay compañías del sector gasífero que tomaron deuda pero, al mismo tiempo, repartieron dividendos por el mismo monto.
–No es nuestro caso. Esta compañía repartió 16 millones de dólares promedio por año. Los accionistas firmaron cheques por 422 millones de dólares y se llevaron 166. De ellos resulta que necesitarían casi 29 años para recuperar la inversión.
¿Calcularon mal el negocio o son accionistas desprendidos?
–No fue ni tan bueno ni tan malo. Pero los accionistas dejaron millones en inversiones enterradas que permiten que hoy haya gas sin cortes. Por eso creo que cada caso merece una solución diferente. A nosotros no nos ayudaría una postergación del plan de inversiones porque no tenemos inversiones pendientes. Ni que nos prorroguen la concesión, que es hasta el 2007.
Pero sí les sirve un ajuste de tarifas.
–Sí. Aunque sabemos que es difícil afrontarlo para ciertos sectores y por eso trabajamos sobre el esquema de una tarifa social.
¿Hasta ahora este problema no se solucionó porque el Gobierno no pudo o no quiso?
–Al principio creo que el congelamiento fue funcional para el Gobierno, que tras la devaluación necesitaba anclas en los precios. Pero luego empezó a aceptar que era imprescindible corregir los precios y, aparentemente, hizo intentos formales que fueron bloqueados por la Justicia.
En este sentido, ¿Kirchner es esperanzador o preocupante?
–Yo creo que ineludiblemente tendrá que dar una respuesta al problema. Y para ello es imprescindible que el Poder Ejecutivo recupere la capacidad de gestión en la materia: no puede ser que para una suba del 7 por ciento haya que pedir autorización al Parlamento.