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Por Fernando Krakowiak

La reestructuración de la deuda pública será uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el futuro gobierno de Néstor Kirchner. Según datos difundidos a principios de este mes por el Ministerio de Economía, el endeudamiento llega a 155.442 millones de dólares, luego de contabilizar parte de los costos que generó la devaluación y posterior pesificación. El peso de la deuda no condicionó la gestión del actual presidente Eduardo Duhalde porque desde hace 17 meses se mantiene el default de un conjunto de títulos públicos equivalente a 61.750 millones de dólares. Además, los vencimientos con los organismos financieros internacionales fueron prorrogados. Sin embargo, durante los próximos meses la deuda volverá a convertirse en un tema crucial. En agosto vence el acuerdo con el FMI y el ministro Roberto Lavagna deberá negociar con el organismo para evitar tener que afrontar vencimientos por más de 6000 millones de dólares antes de fin de año. También se le formulará una propuesta de pago a los tenedores de bonos en default para intentar llegar a un acuerdo. Lavagna afirmó que les propondrá un menú de opciones para lograr una disminución del valor presente de la deuda a partir de la combinación de quita de capital, baja en la tasa de interés y alargamiento de los plazos. Sin embargo, aunque se lograra una quita de capital del 60 por ciento, ésta alcanzaría sólo a los bonos en default. Por lo tanto, una vez descontado ese porcentaje, el total de la deuda llegaría a 118.392 millones de dólares. Si se fijara una tasa de interés promedio del 4 por ciento, se necesitarían 4736 millones de dólares sólo para pagar los intereses. Con un tipo de cambio a 2,90, ese monto se transforma en 13.734 millones de pesos, que implicaría un esfuerzo equivalente a un superávit primario de las cuentas públicas del 4,4 por ciento del PBI.
El cálculo surge de un escenario estático que deberá reformularse si la economía consolida una dinámica de crecimiento del 5 por ciento anual. Sin embargo, sirve para dejar en evidencia las dificultades que tendrá el próximo gobierno para pagar la deuda, aunque se llegue a un acuerdo “exitoso” con los acreedores privados. Opción que todavía está lejos de vislumbrarse, porque si bien muchos bonos cotizan al 40 por ciento de su valor nominal eso no quiere decir que sus tenedores se vayan a resignar a una quita equivalente. Si el recorte de capital llega a ser sólo del 30 por ciento, opción más conservadora, la situación sería más complicada aún, pues se requeriría un superávit primario del 5,1 por ciento del PBI, siempre que la tasa de interés promedio se mantenga en el 4 por ciento y el dólar cotice a 2,90. Ese monto de intereses equivale al 25,7 por ciento del presupuesto actual y duplica el superávit de 2,5 por ciento del PBI acordado con el FMI para este año. Frente a un escenario con esa quita se supone que se debería negociar una tasa de interés más baja.
El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, reconoció en varias oportunidades que el superávit fiscal necesario para pagar la deuda podría orillar el 4 por ciento del PBI, pero afirmó que si la economía crece por encima del 5 por ciento y la recaudación se recupera el objetivo no será imposible de lograr. El interrogante pasa por saber qué viabilidad política podrá tener un plan que apunte a acumular un superávit millonario para pagar la deuda mientras la mitad de población permanece sumergida en la pobreza. Para Ricardo Fuente, economista de Ecolatina, si se logra una “exitosa” reestructuración y se manejan las cuentas fiscales con firmeza, Argentina tiene posibilidades de hacer sustentable su deuda logrando un superávit del 3 por ciento en un escenario de crecimiento. “No creo que se intente un ajuste mayor porque el Gobierno afirmó que no se pagará la deuda a cualquier costo”, aseguró Fuente a este suplemento.
No obstante, el acuerdo con los acreedores todavía aparece como una posibilidad remota debido a la complejidad que conlleva el defaultargentino. Si se lo compara con otras célebres moratorias de los últimos años las diferencias son notables. Cuando Rusia decretó la cesación de pagos en 1998 el monto a reestructurar fue de 31.600 millones de dólares, los bonos eran tres, estaban emitidos bajo una sola legislación y el acuerdo con los acreedores se alcanzó en 18 meses. En el caso argentino el default en títulos es por 61.750 millones de dólares, hay 152 bonos emitidos bajo ocho legislaciones distintas y luego de 17 meses la negociación recién está empezando. Además, hay otros 4940 millones de dólares en préstamos que también están en moratoria con bancos comerciales y organismos oficiales.
Se sabe que hay tenedores de bonos en Estados Unidos, Europa, Japón y Argentina, pero no es fácil identificarlos porque la securitización de la deuda, posibilitada por el Plan Brady, hizo que los acreedores perdieran visibilidad (ver aparte). El Estado argentino conoce los bonos que emitió y cuánto cotizan, pero no sabe quién los tiene. Guillermo Nielsen se reunió en los últimos meses con algunos grupos de personas o instituciones perjudicadas por la moratoria argentina. Pero para terminar de identificar y categorizar a los acreedores en febrero se contrató como asesor financiero al banco francés Lazard Freres, quien debería concluir esta tarea para fin de año.
Entre los acreedores hay grandes bancos, fondos de pensión, pequeños ahorristas y hasta fondos “buitres” que compraron los bonos cuando cotizaban por el piso y ahora amenazan con recurrir a la Justicia si les imponen una quita sobre el valor nominal. El Gobierno se comprometió a hacer ofertas para tratar de conciliar las distintas necesidades de los tenedores, pues un banco puede llegar a privilegiar una mayor tasa de interés resignándose a una quita de la deuda, mientras que para algunos fondos de pensión lo importante es conservar el capital aunque la tasa sea baja. Varios analistas en temas financieros afirmaron a Cash que cuando el Gobierno formalice su menú de ofertas se iniciará una negociación que podría durar hasta seis meses, siempre que no ocurran imprevistos. Por lo tanto, se calcula que el acuerdo con los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera (Euroletras, Globales, Bonos Brady, etc.) podría concluir recién durante la segunda mitad de 2004.
Más allá del resultado de la negociación, lo cierto es que la deuda es tan grande que será muy difícil hacerla sustentable negociando una quita sólo con los tenedores de bonos en default. Una opción complementaria podría ser recortar parte de los 30.990 millones de dólares que se les deben a los organismos financieros internacionales. En Economía aseguran que no avanzarán por ese camino, pero Lavagna cuestionó hace pocos días el rol privilegiado que tienen estas entidades en la reestructuración. Otra alternativa es revisar los Préstamos Garantizados que fueron pesificados, que a la fecha equivalen a 20 mil millones de dólares. En una situación similar están los ahorristas que perdieron parte de su dinero con la pesificación de los depósitos y recibieron Boden en los sucesivos canjes de deuda. Si en un par de meses se los convoca para negociar una quita, los enfurecidos adoradores de Nito Artaza harían temblar la fachada de Hipólito Yrigoyen 250. Tal vez, lo que podría haberse hecho para frenar el crecimiento de la deuda es no otorgarles a los bancos una compensación cercana a los 10.000 millones de dólares por la pesificación asimétrica. Sin embargo, el Gobierno salió a socorrerlos argumentando que lo hacía por el bienestar del sistema financiero y no por el de los banqueros, aunque resulte difícil encontrar la diferencia.
Ahora, la deuda representa el 150 por ciento del PBI y se requerirá una ingeniería notable para que su peso no provoque nuevas crisis financieras en el corto y mediano plazo. Será el desafío Kirchner.