[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Cledis Candelaresi

La trayectoria de Mario Guaragna le permitió conocer bastante bien la lógica de los negocios en la Argentina de la década del ‘90. Subsecretario de Obras Públicas y Planificador de Privatizaciones de Carlos Menem; directivo del Grupo Soldati, de Metrovías y de Azurix. Y, desde el 2001, director de Edenor y consultor especializado en energía, función que ejerce en Strat Consulting, creada por el ex ejecutivo de Techint, Carlos Tramutola, para asesorar “directamente a los dueños”.
¿Qué le aconsejaría a una empresa extranjera que está por invertir en la Argentina para desarrollar un nuevo proyecto o para comprar una compañía en marcha?
–Que no están dadas las condiciones para tomar esa decisión. Simplemente porque las reglas de juego no están claras. Lo más agresivo que podría recomendar es wait and see.
¿Ustedes notan interés de potenciales inversores?
–No. Salvo que se trate de un fondo de inversión de alto riesgo.
¿La Argentina de la devaluación no atrae fondos buitres ni inversores genuinos?
–Si se habla de inversiones en energía, diría que no. Tuvimos reuniones con algunos interesados. Pero los rendimientos que esperaban obtener eran totalmente incompatibles con los precios a los que pretendían vender los actuales propietarios. Las empresas grandes, de servicios públicos, no se van a ir de la Argentina. Invirtieron mucho y están muy lejos de recuperar esos montos.
Usted dice que las grandes no se van. Pero están renegociando contratos y, al mismo tiempo, abrieron procesos de arbitraje internacional por violación de contrato. ¿No es contradictorio?
–Con las presentaciones ante el Banco Mundial sólo tratan de proteger su inversión, en los términos previstos en los acuerdos recíprocos. Pero, en realidad, las empresas no iniciaron ningún proceso de renegociación. El gobierno nacional anunció su intención de hacerlo, conformó comisiones, pero sólo hubo suministro de información de las empresas al Gobierno. Pero no se puede decir que haya una negociación abierta.
Si esa apertura se formaliza, ¿se levantarán los planteos de arbitraje?
–Cuando terminen las negociaciones. Una condición para llegar a acuerdos es que las partes desistan de las demandas. Pero ninguna empresa aceptará como precondición retirarlas antes de sentarse a negociar.
Si se hace abstracción de las deudas en dólares, ¿en las condiciones actuales, las empresas de servicios públicos no tienen buenas rentabilidades en términos internacionales?
–Algunas tienen una caja más o menos equilibrada, pero no tienen capacidad de hacer las inversiones que necesitan para garantizar el servicio. Ni siquiera inversiones para mantener el actual stock activo. Eso no es ser rentable.
¿La clave del acuerdo con el Gobierno es la recomposición tarifaria?
–Hay otros elementos. La situación económica del país no da para pagar tarifas que se correspondan con la calidad del servicio que tuvimos hasta el año pasado. Un país más pobre tendrá que soportar una calidad menor.
La ecuación pasa por más tarifa y menos calidad.
–Más tarifa respecto de la congelada, pero menos en dólares. Las empresas no tienen ningún acceso al crédito y hasta tienen que cuidar que los bancos no les congelen fondos de capital de trabajo. Las empresas tienen que trabajar con la caja. Para que esto cambie necesitan renegociar sus deudas. Recién allí podrán pensar en nuevas inversiones. Ahora no hay un banco que les dé una carta de crédito para importar un repuesto. Deben hacerlo al contado.
Hay empresas que remitieron utilidades por montos equivalentes a las deudas que tomaron. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas gasíferas.
–En las eléctricas eso no se da. En las gasíferas, no sé. Pero el gas tiene sus propios problemas. No es un commodity internacional. La región está casi interconectada, pero con distorsiones terroríficas. El precio del millón de BTU en la Argentina está a 35 centavos de dólar, mientras que Bolivia le vende a Brasil a 1,70. Y si no hay mejora de precios, no habrá más exploración en la Argentina.
¿El problema es que el precio está congelado al final de la cadena?
–Cuando se piensa en el final de la cadena, se piensa en la tarifa social, para beneficiar a sectores desprotegidos. Pero no tiene sentido venderle a 35 centavos el gas a las exportadoras, que tienen ingresos en dólares.
El Gobierno quiere segmentar las tarifas para hacer ajustes diferenciales.
–Pero el enfoque que yo escuché, de elegir a las empresas, me parece inviable. No se puede hacer algo selectivo. Hay que aumentar a toda la industria, aun la orientada al mercado interno, cuyos precios subieron al doble. Los aumentos de tarifas no son para el beneficio de algunos sino para evitar un problema de todos, como es la falta de gas. Si esto ocurre, tendremos que importar desde Bolivia, y pagarlo en dólares.