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Por Susana Diaz

Los tamberos están otra vez en pie de guerra contra la industria lechera. El conflicto ya es un clásico. Se trata de la tradicional puja por el precio que recibe el productor de la materia prima. El último dato es la rebaja unilateral de alrededor del 8 por ciento en el precio pagado en la tranquera de los tambos. Para los bolsillos de los consumidores, los efectos de los últimos combates son bastante perceptibles. Como lo muestra el desagregado del Indice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec, los lácteos se cuentan entre los elementos de la canasta básica alimentaria que más han aumentado desde la salida de la convertibilidad. A modo de ejemplo, mientras que desde diciembre de 2001 el IPC se incrementó el 44,5 por ciento, el queso cuartirolo lo hizo el 172 por ciento, la manteca el 115 y la leche entera el 75 por ciento.
Aunque puede resultar un exceso de números, vale la pena detenerse en lo sucedido en lo que va de 2003, cuando el IPC sólo subió el 2,5 por ciento. En este período, la leche fresca subió casi el doble, el 4,6 por ciento, la manteca lo hizo el 18,7 por ciento y el cuartirolo el 34,4 por ciento. Estos aumentos son explicados, entre otras razones, por la disminución de la oferta de la materia prima. Mientras en 1999 se producían 10.500 millones de litros de leche, para el 2003 se proyectaban 6500, alrededor de un 38 por ciento menos. Pero según los últimos datos de la Secretaría de Agricultura ni siquiera podría cubrirse esa cifra.
Los tamberos sostienen que los magros resultados responden a la falta de rentabilidad provocada por los bajos precios pagados por la industria. Luego de la reciente rebaja del 8 por ciento, el productor de la materia prima recibirá alrededor de 46 centavos por litro, contra los 50 que cobraba antes, un precio que aún puede seguir bajando, debido a que a partir de agosto se produce un aumento estacional de la oferta.
La industria se defiende argumentando que ella también es víctima de su propia medicina. Según esta perspectiva, los verdaderos responsables serían los grandes supermercados, que al imponer bajos precios y extensos plazos de pago se estarían quedando con el grueso de los mayores costos soportados por los consumidores.
Así las cosas, y dado que la cadena láctea representa, tanto en la producción como en la distribución, un típico caso de mercado imperfecto, situación en la que hasta la teoría económica más ortodoxa aconseja la intervención de un regulador de los desequilibrios, la intervención política del Estado resulta indispensable.