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Por Claudio Zlotnik

Todavía falta para que se cierre el capítulo del default pero en la city ya empezaron a hacer cuentas. Los corredores estiman que muy pronto el Gobierno tendrá que recurrir al mercado para refinanciar vencimientos de deuda. Y esperan ansiosos ese momento. Con el dólar planchado y las tasas de interés por el piso, los operadores no ven la hora de volver a hacer buenos negocios con el Estado. Como si el tiempo hubiera vuelto atrás, en las veinte manzanas del microcentro se empieza a hablar sobre el riesgo país.
Roberto Lavagna asegura que la Argentina no tendrá necesidad de financiarse en el mercado ni en el corto ni en el mediano plazo. Sin embargo, algunas consultoras de la city aseguran lo contrario. Sostienen que el Gobierno buscará fondos el próximo año ya que los compromisos por la deuda emitida tras la devaluación no alcanzarán a ser pagados con el superávit primario. Según diversos análisis, el Gobierno necesitará financiar entre 5000 y 8000 millones de pesos. Depende de cuánto crezca la economía. Durante el 2005 existen vencimientos de Boden, Bogar y de Préstamos Garantizados, que están en poder de los bancos.
Si bien las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos –los depósitos rinden, en promedio, 3 por ciento anual, mientras que el Banco Central pagó 6,5 por ciento anual a un año en la última licitación de Letras–, los financistas creen que el Estado tendría que pagar entre 11 y 14 por ciento anual. Para llegar a esa conclusión toman en cuenta los precios de los bonos postdefault en el mercado, que muestran un rendimiento implícito del 11-12 por ciento anual, y lo que está pasando en Brasil. La tasa de referencia en el país vecino (Selic) también es de dos dígitos: del 16 por ciento anual.
No obstante no se debería comparar estos valores con los que podría conseguir la Argentina en un futuro. Si no mediara algo parecido a un terremoto en los mercados emergentes, sería inconsistente pagar semejantes precios.
n ¿Acaso es justa la comparación con Brasil, un país que aparece complicado por el cambio en el escenario internacional y que –cada vez más ahogado por su deuda– pugna por evitar el default?
n Por otra parte, los precios actuales de los bonos reflejan la penalidad que los inversores le otorgan a la Argentina por la cesación de pagos. Pero lo más lógico es que deberían mejorar en cuanto el Gobierno cierre trato con los acreedores.
n Otra cuestión: ¿sería sensato que la Argentina pague casi lo mismo que en el megacanje de mediados de 2001, cuando era evidente que la explosión de la crisis era irreversible? En aquella instancia límite, los inversores sólo aceptaron prestar al 15 por ciento anual, en promedio. Seguido a esa operación sobrevino la debacle.
Si se toman los argumentos mencionados más arriba cabría suponer que un nuevo endeudamiento tendrá que asumirse a un costo inferior al que están calculando los financistas.
Desoyendo las aseveraciones de Lavagna, en algunos bancos se frotan las manos calculando las ganancias que embolsarían si vuelven a prestarle al Estado. Si, como calculan algunos, al Gobierno no le alcanzará el superávit y se verá obligado a pedir prestado para refinanciar la deuda se sumaría una complicación adicional: la escasez de oferta crediticia al sector privado, que está necesitado de invertir para seguir creciendo.
En contra de los discursos y de las promesas, en la city se preparan para reeditar algunas de las peores cosas de los años ‘90.