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Por Marcelo Zlotogwiazda

Es tan errado suponer que la discusión por la coparticipación que se está dando entre los gobiernos nacional y bonaerense es nada más que un round de estudio de una pelea de fondo de carácter puramente político entre el kirchnerismo y el duhaldismo, como ingenuo es pensar que esa discusión puede saldarse con lógica estrictamente económica. En la pulseada se están disputando en simultáneo dos cuestiones que rara vez pueden ser separadas: el control del aparato partidario del peronismo a nivel nacional y del principal distrito del país, y el dinero correspondiente a ese territorio.
Para despejar el panorama es útil tener presente un elemento clave en el que todos coinciden: Felipe Solá tiene razón al señalar que la provincia que gobierna se vio históricamente perjudicada por el reparto de la torta impositiva, y que el boceto de la nueva Ley de Coparticipación no corrige en nada esa situación. Con cualquiera de los criterios objetivos que se pueden utilizar para medir la equidad en el reparto, Buenos Aires aparece castigada como ninguna otra. Por ejemplo: la coparticipación que recibió en el 2003 fue de 315 pesos per cápita, que, además de ser la más baja es inferior a la mitad que lo que en promedio reciben per cápita las provincias. Si en lugar de tomar todos los habitantes se considera sólo los que tienen Necesidades Básicas Insatisfechas, Buenos Aires recibió 1991 pesos por habitante en esa condición mientras que el promedio de las provincias fue de 3883 pesos y el de la más beneficiada (Tierra del Fuego) de 17.654 pesos.
Por más que algunos líderes bonaerenses se lanzaron en un principio con reclamos de aumento en la parte que les corresponde de hasta un equivalente a 2000 millones de pesos anuales, lo cierto es que se conforman con un tercio de ese incremento. Con alrededor de 700 millones alcanzarían a quedarse con una porción de la pizza tributaria de tamaño parecido a la que tenían en los años en que el entonces gobernador Duhalde contaba con el Fondo para el Conurbano, y reforzarían su capacidad de gasto anual en un 5 por ciento.
Solá aseguró en carta pública que su reivindicación no la pretende a costa de las otras provincias sino arrancándole ese pedacito a la masa coparticipable que queda en la Nación. Si además se tiene en cuenta que para la Nación el reclamo bonaerense es un monto accesible dada la holgura fiscal reinante (Roberto Lavagna calculó un sobrante anual por encima del superávit comprometido de casi 8000 millones de pesos), cabe preguntarse por qué tantas dificultades en arrimar posiciones, ya que a simple vista las cifras que se manejan no justificarían la intensidad del tironeo.
Hay una respuesta obvia, y es que los contendientes eligieron la oportunidad para medir fuerzas nuevamente y avanzar en la definición de espacios de poder político y de control partidario. Hay una segunda explicación de índole política que mencionan protagonistas de esta historia que dicen conocer la táctica del Presidente: Kirchner se resiste al máximo en dar el brazo a torcer en cualquier circunstancia porque considera que ésa es la manera de reafirmar su imagen pública. Pero hay otras respuestas de tinte puramente económico que de manera indirecta deslizan los bonaerenses. En una presentación que le hicieron a Solá funcionarios de su gobierno que entienden del tema, se señala con sensatez que sería preferible que una nueva Ley de Coparticipación sea diseñada, discutida y sancionada luego de que se defina “un modelo tributario de largo plazo” y después de que se aplique “una solución integral al problema de la seguridad social”. La lógica que subyace tiene un ojo mirando al pasado y otro hacia adelante. El primero observa que si Buenos Aires perdió participación de la distribución de la torta fue porque la Nación tuvo crecientes necesidades fiscales que la llevaron a mordisquear recursos de las provincias, y que uno de los agujeros importantes fue el desfinanciamiento que causó la privatización en el sistema de seguridad social. Por esta y otras razones, la Nación pasó de capturar el 43 por ciento de lo que se repartía en 1988 al 61 por ciento en la actualidad.
El ojo que mira hacia el futuro ve que el panorama para el fisco nacional no es de holgura como hoy en día, y por lo tanto registra que cualquier concesión que ahora resulta accesible se hará sentir con dolor cuando la escasez apremie. Ese ojo atisba la reanudación de los pagos por la deuda en default en condiciones aún inciertas pero seguramente durísimas, y también advierte un freno al extraordinario impulso que viene teniendo la recaudación tributaria como consecuencia de la previsible desaceleración del crecimiento y de una menor cosecha de retenciones por caída en el precio de las exportaciones.
De todas maneras, si finalmente el proyecto de ley pasa al archivo no será ni exclusiva ni primordialmente porque no se pusieron de acuerdo alrededor de 700 millones más o menos.