En el marco de una política de desarrollo basada en la industrialización y la diversificación productiva, le cabe al Estado un papel central en la generación de un sistema financiero al servicio de esa estrategia. La historia de los países que se industrializaron a lo largo del siglo XX brinda sobradas evidencias de que las estructuras financieras no se adecuan por sí solas a las necesidades del proceso de desarrollo y que la falta de financiamiento de largo plazo puede constituirse como uno de los principales obstáculos para esos procesos.

La necesidad de proveer de financiamiento de largo plazo, ausente en gran medida en las decisiones crediticias de la banca comercial o múltiple, estuvo presente en todos los procesos de industrialización y no fue solucionada, librándola a las fuerzas del mercado. En este sentido, los bancos nacionales de desarrollo, como instituciones bancarias públicas con suficiente capacidad para influir en la magnitud y composición del proceso inversor, tienen como objetivo primordial brindar financiamiento para proyectos productivos de larga maduración que resulten clave en el proceso de crecimiento y desarrollo nacional.

Actualmente no existe en la Argentina una institución que reúna estrictamente las características de un banco de desarrollo, aunque es cierto que algunas de sus funciones pueden reconocerse en determinadas líneas de crédito existentes. Tal es el caso de herramientas como el Fondo del Bicentenario o la línea 400 del Banco Nación, que han tenido resultados significativos.

Sin embargo, y más allá de que se encuentran vigentes importantes instrumentos en esta dirección, es una necesidad imperiosa contar con una entidad que articule estos instrumentos y que los encuadre dentro de un plan de desarrollo que apunte a superar algunos de los obstáculos que históricamente han interrumpido los procesos de crecimiento de la economía doméstica.

En este sentido, los bancos de desarrollo poseen características que los diferencian del resto de las entidades financieras y que los convierten en instituciones más adecuadas para cumplir con esos objetivos. En primer lugar, al no recibir depósitos, estas entidades no enfrentan riesgo sistémico. En segundo lugar, la capitalización de un banco de desarrollo es, en última instancia, un problema fiscal, pero no un problema del mercado de capitales. Las limitaciones de financiamiento que se les pueden presentar a estas instituciones no están asociadas a las evaluaciones privadas de sus perspectivas de rentabilidad, ni a su vulnerabilidad por el riesgo crediticio que enfrentan. En tercer lugar, la lógica operacional de un banco de desarrollo es distinta a la de un banco comercial, ya que sus decisiones crediticias y el perfil de sus activos no dependen autónomamente de la administración del banco sino de sus estatutos y de los lineamientos de la política económica.

Por estos motivos, un banco nacional de desarrollo queda fuera de la órbita de las reglas y evaluaciones que se aplican al sistema financiero en general, teniendo así la posibilidad de actuar al servicio de la consolidación de un proceso de industrialización y desarrollo.

En consecuencia, el desempeño de este tipo de entidades debe juzgarse por su capacidad para profundizar la diversificación productiva, reducir la heterogeneidad estructural, incrementar la generación de empleo, entre otros factores.

Estos cambios estructurales no se verán necesariamente reflejados en la rentabilidad de la institución en el mediano plazo y, por tanto, el primer paso para pensar en las capacidades de un banco de desarrollo es alejarse de la lógica de análisis de las entidades financieras privadas, que en la actualidad se aplica también a bancos comerciales públicos. En este aspecto radica la posibilidad de su existencia y el aprovechamiento de sus potencialidades

* Docente UBA, investigador Idehesi y Cenda.