Raj Rajaratnam es el fundador del hedge fund Galleon. El financista nacido en Sri Lanka y nacionalizado estadounidense ocupó en 2009 el puesto 236 de la lista de los norteamericanos más acaudalados elaborada por la revista Forbes, con una fortuna estimada en 1800 millones de dólares. Hace dos años Rajaratnam fue arrestado por el FBI y acusado por haber conseguido indebidamente ganancias por más de 45 millones de dólares gracias al uso de datos confidenciales de empresas de tecnología como IBM o Intel. El multimillonario había construido una vasta red de operadores, agentes financieros y ejecutivos de distintas empresas que le permitían conocer con anticipación diferentes datos sobre la evolución o anuncios de las compañías y así obtener jugosas ganancias. En mayo de este año el empresario fue declarado culpable en casos de conspiración y fraude y el jueves pasado fue condenado a 11 años de prisión sin derecho a fianza, ni la posibilidad de libertad condicional. Se trata de la mayor condena en toda la historia en un caso de abuso de información privilegiada (inside trading, en inglés).

Si Rajaratnam fuera argentino sus delitos hubieran sido considerados infracciones administrativas sujetas a multas y sanciones de la Comisión Nacional de Valores, el organismo de control del mercado bursátil. El Gobierno envió esta semana al Congreso un proyecto que “penaliza la manipulación del mercado financiero”. La iniciativa busca incorporar al Código Penal un conjunto de delitos financieros que hoy son considerados como infracciones administrativas bajo la órbita de la CNV. Si se convierte en ley quienes abusen de información privilegiada, manipulen el precio de los activos o capten ahorros en forma fraudulenta podrán ir a la cárcel con un castigo de 2 a 8 años.

“Es una herramienta necesaria para fortalecer la capacidad del Estado para proteger la estabilidad económica y financiera. Si una estafa como la que realizó la firma Enron o el esquema de Ponzi aplicado por el banquero Bernard Madoff suceden en Argentina la CNV sólo puede sancionar o multar por un máximo de 1,5 millones de pesos o 6 veces el daño causado. La aprobación de este proyecto implica que esos delitos podrán ser penados además con la cárcel”, explicó a Cash el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.

A pesar del reducido tamaño del mercado local, empresarios y financistas encuentran la forma para obtener beneficios en forma irregular. El proceso de venta de Terrabusi a la norteamericana Nabisco-Kraft entre 1993 y 1994 ofrece un claro ejemplo de inside trading en el país. Los directivos de la empresa que cotizaba en la Bolsa obviaron informar el precio del acuerdo y su posterior incremento durante el proceso de negociaciones. Así, antes de que se efectivice la operación, un grupo de directivos de Terrabusi compró acciones conociendo que la compañía iba a ser adquirida por un precio superior al del mercado y logró ampliar sus márgenes. En 1996, la CNV pudo establecer las irregularidades vinculadas al abuso de información privilegiada. En 2002, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la decisión del organismo regulador argumentando la inexistencia de pruebas directas. Finalmente, en 2007, la Corte Suprema confirmó el fallo original y multó a los directivos que habían realizado inside trading.

Las modificaciones al Código Penal para incorporar como delitos el abuso de información privilegiada o la captación clandestina de recursos por parte de sociedades de Bolsa que no están autorizadas para operar deberán estar acompañadas por una mejora y sofisticación de las herramientas de control de la plaza local. A su vez, distintos especialistas destacan la importancia de impulsar el postergado proyecto para poner fin a la autorregulación corporativa en las operaciones bursátiles