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Los subsidios son una herramienta de política económica utilizada a escala global. Por ejemplo, la política agropecuaria común (PAC) europea subsidia al sector menos competitivo de su economía. La Unión Europea destinará, en el período 2014-2020, 362.940 millones de euros al financiamiento de ese programa. El economista coreano Ha-Joon Chang explica que la industria automotriz japonesa necesitó entre treinta y cuarenta años de proteccionismo y subsidios para volverse competitiva. Estrategias similares se repitieron en todos los países de industrialización tardía.

En Argentina, el kirchnerismo apeló a ese instrumento para cumplir con dos objetivos concurrentes: 1) recomposición de los ingresos populares y 2) reducción del costo empresario. Así, las reducidas tarifas de los servicios públicos incrementaron el ingreso disponible de las familias y la competitividad empresaria. Las herramientas utilizadas pueden (y deben) adaptarse al cambiante contexto. La direccionalidad de una política económica no se mide por los instrumentos sino por sus objetivos.

En esa línea, el kirchnerismo anunció en 2014 una reducción de los subsidios tarifarios en los servicios de gas y agua residenciales, comerciales y GNC. Esos reajustes, planteados en tres etapas, implicaban un ahorro fiscal estimado de 5000 a 15.000 millones de pesos anuales. En ese momento, los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido plantearon que esos recursos serían destinados a reforzar las partidas presupuestarias de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar.

El entonces titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, sostuvo que “lo llamen como lo llamen, es un ajuste y el Gobierno lo que no está haciendo es un esfuerzo en muchas otras áreas en las que podría reestructurar el gasto sin necesidad de meter la mano en el bolsillo de la gente”. Por su parte, el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, sostuvo que “aunque el Gobierno lo quiera disfrazar con eufemismos, lo que anunciaron Kicillof y De Vido es un tarifazo”. En la actualidad, ambos dirigentes radicales opinan que el ajuste tarifario macrista es un “sinceramiento” de la economía.

La ortodoxia económica califica de “distorsivos” a los subsidios porque obstaculizan el normal funcionamiento del mercado. Esa idea prende fuerte en algunos sectores que, a su vez, multiplican las quejas cuando los recursos son direccionados a personas vulnerables. Las continuas menciones al “Plan Descansar”, que remiten erróneamente al discontinuado Plan Trabajar, representan uno de los tantos ejemplos de ese reproche clasista. Por el contrario, las transferencias a sectores de mayor poder adquisitivo (por ejemplo, a la educación privada) gozan de mejor prensa.

Las medidas implementadas por el macrismo apuntan a reducir, en términos reales, el monto de subsidios. Más allá del aspecto cuantitativo, el nuevo gobierno también produjo modificaciones cualitativas. En otras palabras, las transferencias se redireccionaron en favor de sectores económicos más privilegiados. El aumento del subsidio a las empresas productoras de gas y petróleo (pagándoles el doble de la cotización internacional) o el pago de altísimos intereses de las Lebac, implican transferencias estatales a empresas/personas ubicadas en la cúspide de la pirámide de ingresos.

El economista Alejandro Rofman explica en Subsidios y política económica pre y post. La restauración neoliberal que “el subsidio en sí, no es mala palabra sino que tiene que ver quienes lo recibe. En la política económica actual, paradojalmente, los que más tienen son los más favorecidos”.

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@diegorubinzal